Una red criminal dedicada al lavado de dinero quedó al descubierto este martes tras un impresionante operativo liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público, que incluyó 20 allanamientos simultáneos en al menos cuatro provincias del país.
Los registros se llevaron a cabo en casas, oficinas, negocios comerciales y una subasta ganadera ubicada en Bagaces de Guanacaste, la cual habría sido utilizada para legitimar grandes cantidades de dinero de origen ilícito, según las autoridades.
El operativo fue ejecutado por la Sección de Legitimación de Capitales del OIJ en conjunto con fiscalías especializadas en narcotráfico, anticorrupción y crimen organizado, y se desarrolló en puntos estratégicos como Santa Ana, Zapote, Curridabat, San Sebastián, Cristo Rey, Montes de Oca, La Guácima, El Coyol, Pérez Zeledón y Tambor, así como en sectores de Cartago y Guanacaste.
¿Cómo operaba esta organización?
Según el expediente 23-000191-0042-PE, la investigación arrancó en 2023 tras detectarse un llamativo crecimiento patrimonial de un ciudadano guatemalteco, quien anteriormente había cumplido condena por delitos vinculados a drogas. Pese a no justificar legalmente sus ingresos, este sujeto logró construir y operar una subasta ganadera de alto perfil, además de adquirir múltiples propiedades de gran valor.
Las pesquisas revelaron que no actuaba solo. Dos hermanos costarricenses, aparentemente con mayor capacidad económica, estarían vinculados directamente al esquema, usando sociedades anónimas para ocultar el origen del dinero. Esta estructura buscaba dar apariencia de legalidad a fondos posiblemente provenientes del narcotráfico.
Objetivos del operativo
Durante los allanamientos, las autoridades procedieron a decomisar documentos, equipos electrónicos y evidencia clave que permita reforzar la acusación contra los implicados. Al menos nueve personas figuran como sospechosas de pertenecer a esta red, y una vez detenidas serán sometidas a declaración indagatoria para definir si se solicitarán medidas cautelares ante el Juzgado Penal especializado en crimen organizado.
Este caso pone nuevamente sobre la mesa el uso de empresas fachada, negocios rurales y transacciones inmobiliarias como vehículos para lavar dinero en Costa Rica, una práctica que las autoridades aseguran estar enfrentando con mayor rigor, en colaboración interinstitucional.
¿Qué sigue?
El Ministerio Público confirmó que el siguiente paso será analizar la situación jurídica de cada detenido y proceder con las imputaciones respectivas. Este caso se perfila como uno de los más relevantes en cuanto a lucha contra el lavado de activos en lo que va del año.
La Fiscalía reiteró que continuará con el seguimiento de estructuras criminales que busquen burlar el sistema financiero mediante montajes empresariales y alianzas transfronterizas.
