Una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) destapó lo que podría ser una de las tramas de lavado de dinero más amplias del país, y en el centro del escándalo figuran empleados de confianza de instituciones como la Junta de Protección Social (JPS), el Banco Nacional, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de Guatuso.
Este caso, bautizado como “Caso Tómbola”, reveló que la organización criminal utilizaba la venta de lotería —tanto en su modalidad legal como clandestina— como fachada para introducir grandes cantidades de dinero ilícito al sistema financiero nacional. En total, llegaron a controlar cerca de 80 puestos de venta de lotería en distintos cantones, operando con una red bien estructurada que mezclaba comercios, instituciones públicas y relaciones familiares.
Funcionarios implicados y cobertura nacional
Según datos preliminares del OIJ, cuatro funcionarios públicos están bajo investigación por supuestamente facilitar el funcionamiento de esta red delictiva. Las entidades implicadas son:
- La sucursal del Banco Nacional en Guatuso, donde presuntamente se habrían hecho maniobras bancarias sospechosas.
- Una oficina regional del Ministerio de Salud, clave para otorgar permisos sin fiscalización adecuada.
- La Municipalidad de Guatuso, que habría brindado cobertura para negocios de fachada.
- La Junta de Protección Social, directamente relacionada con la comercialización de lotería.
Este tipo de involucramiento institucional no solo facilitó la expansión de la red, sino que le otorgó una apariencia de legalidad frente a posibles controles.
¿Cómo funcionaba el mecanismo?
El grupo adquiría puntos de venta de lotería e instalaba negocios como licorerías, librerías, ventas de vehículos de lujo y hasta constructoras. A través de estos comercios, introducían el dinero sucio bajo la apariencia de ingresos legítimos. El patrón de compra y venta se repetía en distintas partes del país, permitiendo al líder de la organización acumular más de ₡1.000 millones en apenas dos años, entre 2021 y 2023.
Este incremento patrimonial fue uno de los elementos clave que levantó las alertas de las autoridades judiciales.
Contexto y consecuencias
Costa Rica ha venido fortaleciendo sus mecanismos contra la legitimación de capitales en los últimos años, sin embargo, este caso demuestra que los vacíos institucionales aún pueden ser explotados cuando hay colusión interna. La participación de funcionarios públicos en esquemas delictivos como este no solo representa un delito, sino que mina la confianza ciudadana en el aparato estatal.
Además del daño económico, se abre la puerta para que las autoridades financieras, la Fiscalía y la Contraloría General de la República inicien investigaciones paralelas sobre controles internos deficientes y responsabilidades administrativas.
Lo que viene
El OIJ ha ejecutado 24 allanamientos simultáneos en zonas como Guatuso, Escazú, Upala, Alajuelita, Tres Ríos y San Carlos, con el objetivo de capturar a al menos 8 personas clave en esta operación.
Este caso apenas comienza a revelar su alcance. De comprobarse la culpabilidad de los funcionarios involucrados, se enfrentan a cargos por lavado de dinero, asociación ilícita y corrupción agravada, con penas que podrían superar los 15 años de prisión.
