Una nueva y preocupante arista salió a la luz en la investigación del caso Venus, una red criminal que habría usado negocios de fachada para lavar dinero del narcotráfico. Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), fechado el 27 de marzo del 2025, revelado por el nuevo medio Portavoz, sacude los cimientos del sistema judicial costarricense al señalar un posible soborno mensual de $50.000 (₡25.000.000) a un funcionario dentro de los tribunales de Alajuela.
Según el documento elaborado por la Sección de Legitimación de Capitales, agentes recibieron información confidencial que indicaba que tres de los principales sospechosos —entre ellos Jonathan Álvarez Alfaro, capturado esta semana— habrían estado pagando esta elevada suma para obtener información privilegiada sobre las investigaciones en su contra.
El informe cita lo siguiente:
“La información refiere que Jonathan Álvarez Alfaro, junto con un hombre apodado Beto y otro de apellido Rojas, le pagaban aproximadamente $50.000 mensuales a una persona del Poder Judicial en Alajuela, sin conocerse a qué oficina pertenece, a cambio de alertas sobre diligencias judiciales”.
Este dato fue incluido en un reporte del Centro de Información Conjunta Operativa (CICO) recibido por el OIJ en noviembre del 2024, por lo que se considera reciente. La magnitud del soborno sugiere, según los investigadores, que podría tratarse de un funcionario de alto rango.
Rechazo de allanamientos y traslado de caso
Como parte del mismo informe, los agentes solicitaron que el proceso penal dejara de tramitarse en Alajuela y fuera asumido por la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada, con sede en San José. La razón: el riesgo de fugas de información y decisiones judiciales sospechosas.
Una de las preocupaciones más graves es que, en dos ocasiones, el Juzgado Penal de Alajuela rechazó solicitudes de allanamiento a pesar de que —según el OIJ— se habían presentado pruebas contundentes.
Este comportamiento levantó alertas entre los investigadores, ya que se interpreta como una señal clara de posibles influencias externas que obstaculizan la justicia.
Caso Venus: más que lavado de dinero
El caso Venus provocó un fuerte operativo el miércoles 18 de junio, que incluyó 20 allanamientos simultáneos en diferentes puntos del país. Entre los detenidos están los hermanos Álvarez Alfaro, señalados como figuras clave en una red de legitimación de capitales ligada al narcotráfico.
Uno de los ejes de la investigación ha sido la forma en que los sospechosos utilizaron negocios aparentemente legales —como canchas de pádel y empresas de vehículos— para justificar ingresos exorbitantes. No obstante, el hallazgo sobre el posible soborno al funcionario judicial plantea un riesgo mayor: que el crimen organizado haya logrado infiltrar los propios cimientos de la institucionalidad costarricense.
¿Y ahora qué sigue?
Las autoridades no han revelado públicamente el nombre del funcionario implicado, y aún no se ha confirmado si se ha iniciado un proceso interno para investigar dentro del Poder Judicial. Sin embargo, este escándalo podría desencadenar una investigación paralela por corrupción pública, además de las ya abiertas por lavado de dinero y narcotráfico.
En momentos donde la lucha contra el crimen organizado es una prioridad nacional, este tipo de revelaciones golpean directamente la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. La expectativa está ahora en si el Poder Judicial actuará con transparencia y firmeza ante lo que podría ser uno de los casos más delicados de infiltración criminal en la última década en Costa Rica.
