Un nuevo giro en el caso del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez sacude el panorama jurídico nacional: se presentó ante la Sala Constitucional una acción que busca suspender su proceso de extradición a Estados Unidos y obtener su liberación inmediata. El recurso, bajo el expediente 25-021062-0007-CO, cuestiona directamente la constitucionalidad de la norma que permite extraditar a costarricenses por delitos de narcotráfico o terrorismo.
La acción legal se dirige contra la reforma al artículo 32 de la Ley N.° 10730, aprobada por la Asamblea Legislativa en mayo del 2025. Esta reforma levantó el histórico impedimento que tenía el país para entregar a sus ciudadanos—nacidos o naturalizados—a otras jurisdicciones, en casos relacionados con crímenes de alta gravedad como el narcotráfico y el terrorismo.
¿Qué se está alegando ante la Sala IV?
El recurso fue presentado por una persona que solicitó mantenerse en el anonimato y sostiene que dicha reforma atenta contra varios principios constitucionales y de derechos humanos. Entre ellos:
- El derecho a no ser desarraigado del país de origen.
- La prohibición de aplicar normas en forma regresiva en materia de derechos fundamentales.
- La violación al principio de legalidad y no retroactividad.
- El principio del juez natural.
- La soberanía nacional y la territorialidad de la justicia costarricense.
Según la interpretación del recurrente, permitir la extradición de nacionales rompe con los pilares del ordenamiento jurídico costarricense y con garantías internacionales que protegen a los ciudadanos frente a abusos del poder penal foráneo.
Detenido y con proceso formal en EE. UU.
Celso Gamboa fue arrestado el pasado 23 de junio en vía pública, en Escazú, tras una solicitud formal del gobierno estadounidense, como parte de una investigación de la DEA (Administración para el Control de Drogas). Las autoridades de Texas le atribuyen delitos federales relacionados con tráfico internacional de cocaína y conspiración para distribuirla en territorio norteamericano.
Desde su captura, Gamboa permanece en una celda de máxima seguridad en La Reforma, en La Guácima de Alajuela, y fue acusado oficialmente el 11 de julio en el Distrito Este de Texas, según confirmó el fiscal federal interino Jay R. Combs.
No es la primera ofensiva legal
Este nuevo recurso se suma a una serie de acciones legales anteriores que buscan frenar los procesos de extradición, no solo para Gamboa, sino también para otros acusados por narcotráfico como Edwin López Vega (alias “Pecho de Rata”) y Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro.
El 21 de julio, la Sala IV rechazó de plano un habeas corpus (expediente 25-019583-0007-CO) que solicitaba el cambio de prisión preventiva por monitoreo electrónico y alegaba vacíos legales en la armonización de la reforma constitucional con la Ley de Extradición y tratados internacionales vigentes. La Sala consideró que el recurso excedía su competencia y no cumplía con los requisitos formales.
Otras acciones en análisis
Actualmente, la Sala Constitucional estudia dos recursos adicionales presentados en nombre de Gamboa:
- Uno plantea que se le violan sus derechos de defensa y privacidad por no poder disponer libremente de materiales para preparar su caso (como un cuaderno personal). Este se tramita bajo el expediente 25-020009-0007-CO.
- Otro denuncia supuestos tratos inhumanos, como filtración de información por parte de custodios y amenazas contra su vida. En ese se solicita su traslado urgente a otro centro penitenciario. Este caso se tramita bajo el expediente 25-020390-0007-CO.
¿Qué está en juego?
Este pulso legal no solo definirá el futuro inmediato de Celso Gamboa, sino que también podría sentar un precedente de gran peso para otros costarricenses que enfrenten extradiciones similares. La Sala IV deberá resolver si la norma que ahora permite esas entregas respeta o no los principios constitucionales y las garantías esenciales del sistema jurídico costarricense.
Por ahora, el caso mantiene al país atento a lo que decidan los magistrados de la Sala Constitucional. Cualquier resolución marcará una huella profunda en la relación entre Costa Rica, su soberanía penal y los tratados internacionales suscritos en materia de justicia transnacional.
