La calma habitual de Belén de Carrillo se rompió la noche del viernes, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encabezó una operación que puso fin a una estructura que, según las autoridades, habría lucrado durante meses mediante explotación sexual bajo un esquema de trata de personas.
Las detenciones se realizaron a las 8 p. m. del 28 de noviembre, luego de dos allanamientos simultáneos dirigidos por agentes especializados en violencia de género, trata y tráfico ilícito de migrantes.
En el operativo cayeron dos mujeres dominicanas, apellidadas Valerio, de 27 años, y Moronta, de 30 años, así como un costarricense de apellido Cruz, de 35. Los tres figuran como sospechosos de integrar una estructura dedicada a captar, movilizar y explotar mujeres —en apariencia también extranjeras— en la zona de Liberia y alrededores.
Una investigación que tomó meses
El caso no surgió de un día para otro. Según confirmó la oficina de prensa judicial, el OIJ mantenía el expediente abierto desde septiembre del 2025, tras recibir información confidencial que apuntaba a la existencia de un negocio clandestino que generaba ganancias significativas.
Los hechos investigados se habrían extendido desde diciembre del 2024, lo que significa que la estructura pudo operar durante casi un año antes de ser desarticulada.
En este tipo de delitos, la captación de mujeres suele realizarse mediante promesas de trabajo o mejores oportunidades económicas, una modalidad que preocupa a las autoridades por su incremento en zonas turísticas como Guanacaste, donde confluyen población migrante, alta demanda y anonimato temporal.
El botín decomisado por los agentes
Los investigadores judiciales se toparon con evidencia clave que respalda la hipótesis de la operación lucrativa. Durante los allanamientos se incautaron:
- Más de ¢9 millones en efectivo
- Tres pasaportes
- Seis celulares
- Tres tarjetas microSD
- Otros artículos relevantes para la investigación
El dinero hallado refuerza la tesis de que se trataba de un negocio con ingresos constantes y cuantiosos, especialmente considerando el corto lapso en el que habría operado.
El delito que los rodea
A los tres detenidos se les vincula con trata de personas con fines de explotación sexual, una de las figuras más graves del Código Penal costarricense, que contempla penas que pueden superar los 10 años de prisión.
Este delito se investiga de manera integral, pues no solo implica explotación sexual, sino también control de movimiento, retención de documentos, manipulación económica y vulneración de derechos humanos básicos.
Lo que viene ahora
Los sospechosos fueron puestos a la orden del Ministerio Público, que definirá las medidas cautelares en las próximas horas. Paralelamente, el OIJ continuará con el análisis de los dispositivos electrónicos y documentación decomisada, buscando determinar si existían más víctimas o colaboradores.
La región de Guanacaste, por su dinámica turística, ha sido señalada en varias ocasiones como punto de riesgo para la trata con fines sexuales. Este caso vuelve a encender las alarmas y abre la puerta a una discusión más amplia: la necesidad de reforzar la detección, denunciar activamente y proteger a las poblaciones vulnerables —especialmente mujeres migrantes— que suelen ser blanco de estas redes.
