Una nueva iniciativa legislativa busca cortar de raíz una práctica tristemente común en las calles de Costa Rica: adultos que utilizan a menores para pedir dinero. La propuesta, presentada por la diputada Luz Mary Alpízar del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), plantea penas de entre seis meses y dos años de prisión para quienes promuevan o permitan esta situación, incluso por omisión.
El proyecto no solo contempla sanciones penales. En casos donde se compruebe reincidencia, los tribunales podrían suspender la patria potestad, la tutela o cualquier forma de representación legal del adulto responsable. Además, se activaría un protocolo conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para evaluar la situación del hogar y el impacto en la vida del menor.
Uno de los puntos más sensibles del texto es el agravante que aumentaría la pena en un tercio si la persona menor de edad tiene alguna discapacidad o si fue obligada mediante violencia, amenazas o intimidación. También aplicaría si se demuestra que el adulto reincidió en un lapso de cinco años.
“El objetivo es proteger a las personas menores de edad, quienes en condición de mendicidad enfrentan enormes riesgos: abandono escolar, malnutrición, problemas de salud sin atención, violencia e incluso captación por redes criminales”, afirmó la diputada.
El proyecto aún no ha sido enviado a ninguna comisión legislativa, por lo que su avance dependerá de que el Poder Ejecutivo lo convoque durante el periodo de sesiones extraordinarias.
Aunque muchos casos de niños pidiendo limosna con adultos detrás se justifican con la pobreza, la diputada Alpízar asegura que esto no debe ser excusa para exponer a la niñez al peligro. Por eso, propone que los órganos del Estado trabajen en conjunto para evaluar las necesidades reales de las familias, ofreciendo soluciones sociales antes de recurrir a medidas punitivas extremas.
