Mujer embarazada que fingió estar desaparecida ya no está en Costa Rica, fue ubicada en este país
Mujer utilizó a su propia familia para inventar su propia desaparición.
El caso que inicialmente había alarmado a la comunidad costarricense por el supuesto secuestro y asesinato de una mujer embarazada fue aclarado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Katherine Gadea, de 26 años y de nacionalidad nicaragüense, había sido reportada como desaparecida el 16 de enero, pero las investigaciones determinaron que se encuentra a salvo en Nicaragua.
La denuncia que alertó a las autoridades
El reporte inicial señalaba que Gadea había salido de su vivienda para dirigirse a un centro médico, ya que supuestamente estaba embarazada, pero desde ese momento no se supo más de ella. Personas cercanas a la mujer incluso indicaron haber recibido mensajes de WhatsApp donde se afirmaba que había sido torturada y asesinada, lo que generó una gran preocupación y la movilización de recursos judiciales.
Sin embargo, tras realizar varias diligencias, el OIJ descartó la veracidad de estas afirmaciones. “En cuanto a la denuncia por la supuesta desaparición de una femenina de apellido Gadea, luego de las respectivas investigaciones, se determinó que aparentemente se trató de una falsa denuncia”, confirmó la policía judicial.
Ubicada en Nicaragua
Las autoridades lograron confirmar que Katherine Gadea había regresado a su país de origen y se encontraba sana y salva. Este desenlace pone en evidencia un mal uso de los recursos judiciales, ya que la denuncia implicó la asignación de personal y tiempo para un caso que resultó ser falso.
Impacto de las denuncias falsas
Este tipo de situaciones no solo genera preocupación en la población, sino que también representa un gasto considerable para las instituciones que deben destinar recursos a investigaciones que podrían ser dirigidas a otros casos reales.
El OIJ reiteró la importancia de realizar denuncias responsables y veraces, ya que la movilización de personal para investigar casos falsos puede entorpecer la atención de situaciones de verdadera emergencia.
Con este caso cerrado, las autoridades esperan que se tomen medidas para evitar futuras denuncias sin fundamento que pongan en riesgo el funcionamiento adecuado de las instituciones encargadas de velar por la seguridad y justicia.