La comunidad educativa del Liceo Poasito, en Alajuela, atraviesa un momento doloroso tras el fallecimiento de una estudiante de 16 años, quien presuntamente se quitó la vida. Aunque las causas exactas del deceso aún están bajo investigación, su familia asegura que fue víctima de acoso escolar persistente que nunca fue atendido por las autoridades del centro educativo.
Geraldine Céspedes, prima de la joven, fue enfática al señalar que durante meses la estudiante fue blanco de agresiones, entre ellas la sustracción de útiles escolares y hostigamiento verbal. Según su relato, se notificó al director del liceo sobre lo que estaba ocurriendo, pero la respuesta habría sido que no podían actuar sin pruebas concretas. La familia interpreta esa postura como una grave omisión que pudo haber tenido consecuencias fatales.
El lunes, tras confirmarse la trágica noticia, el Ministerio de Educación Pública (MEP) activó el protocolo de atención psicosocial, desplazando a un equipo interdisciplinario al colegio para brindar acompañamiento emocional a estudiantes, profesores y funcionarios. El director regional de Alajuela aseguró que se están elaborando informes para dar seguimiento al caso, aunque reconoció que no existían registros formales de denuncias previas por bullying o problemas de salud mental relacionados con la estudiante.
Esta declaración ha desatado una ola de cuestionamientos por parte de la familia de la menor, quienes exigen responsabilidades. No solo solicitan la destitución del director del centro, sino también la implementación inmediata de una política nacional de “cero tolerancia” al bullying en todos los centros educativos.
Falta de acción y consecuencias
Especialistas en psicología consultados por diversos medios coinciden en que este caso refleja un problema estructural: la subestimación del acoso escolar y la falta de protocolos eficaces y aplicados. Señalan que muchas veces, ni los docentes ni los padres reconocen las señales tempranas, y cuando lo hacen, ya es demasiado tarde.
“Cuando un estudiante levanta la mano o cambia su conducta, eso ya es un grito de ayuda. Los centros educativos deben contar con herramientas y personal capacitado para identificar y actuar ante esos signos”, indicó una psicóloga clínica especializada en adolescentes.
Asimismo, los profesionales hacen hincapié en que el acompañamiento debe ser integral: no solo para la víctima, sino también para el agresor, ya que muchas veces este reproduce patrones aprendidos o no comprende la magnitud de sus actos.
El llamado a la acción
El caso de Poasito no es aislado. Organizaciones defensoras de derechos de la niñez y adolescencia han alertado desde hace años sobre el incremento de casos de acoso escolar, particularmente en zonas rurales o donde hay menos presencia de orientadores y psicólogos en los centros educativos.
La familia de la joven espera que esta tragedia no quede en el olvido y que impulse cambios reales en el sistema educativo costarricense. “Mi prima no recibió ayuda cuando la pidió. Nadie la escuchó. Exigimos justicia y que ningún otro estudiante pase por lo que ella vivió”, dijo Céspedes entre lágrimas.
Por ahora, la comunidad de Poasito se encuentra en luto, mientras crece el clamor nacional por una educación más humana, vigilante y empática con la salud emocional del estudiantado.
