El documento que sustentó el delicado estado de salud del exmagistrado fue emitido por un doctor vinculado al caso Turesky, una red criminal investigada por enviar droga a Europa.
El caso que envuelve al exmagistrado Celso Gamboa da un nuevo giro: uno de los principales dictámenes médicos que alega su precaria condición de salud fue firmado por un médico que enfrenta cargos por narcotráfico. Se trata del cirujano José Alejandro Cartín Ramírez, de 35 años, uno de los imputados en el sonado caso Turesky.
Este documento, fechado el 24 de junio —tan solo un día después de la detención de Gamboa—, sirvió de base para justificar su solicitud de traslado desde el módulo de máxima seguridad de la cárcel La Reforma hacia un centro penal con condiciones más favorables. En el informe, Cartín aseguró que el exmagistrado sufre al menos diez enfermedades, entre ellas padecimientos oncológicos, inmunológicos, gastrointestinales y trastornos psiquiátricos, y que su situación médica requería atención especializada y constante.
¿Quién es el médico que emitió el diagnóstico?
Cartín no es un profesional cualquiera. En mayo de 2021 fue detenido durante una serie de operativos del OIJ que desarticularon una estructura criminal liderada por Alejandro James Wilson, alias “Turesky”. Según la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, Cartín se encargaba de labores logísticas para facilitar el envío de droga desde Limón hacia Europa.
Pese a la gravedad de las imputaciones, tanto él como otros 21 integrantes de la organización fueron liberados en junio de 2024. La decisión fue tomada por el Tribunal Penal de Apelación Especializado en Delincuencia Organizada, que argumentó que no existía una acusación formal en su contra. La Fiscalía, sin embargo, cuestionó fuertemente este fallo, señalando que aún se desarrollaban audiencias clave para definir si los sospechosos enfrentarán juicio.
El vínculo con Gamboa y un millonario proyecto en Limón
La relación entre Cartín y Gamboa no se limita al dictamen médico. Ambos, junto con el padre del médico (Luis Cartín, ya fallecido), impulsaron un ambicioso proyecto hotelero en la zona de Portete, cerca de APM Terminals, en Limón. Dicho complejo turístico, valorado en unos $12 millones, era promovido a través de la urbanizadora Acre de Heredia, según investigaciones judiciales.
Este desarrollo inmobiliario también estaría vinculado con las actividades de lavado de dinero de la red criminal, que utilizaba empresas fachada para legitimar fondos ilícitos. En declaraciones al medio Limón TV, en noviembre de 2020, Cartín defendió públicamente la viabilidad del proyecto.
Además, registros de seguridad de la Asamblea Legislativa y grabaciones de cámaras internas muestran a miembros de la banda —incluido Cartín— ingresando a reuniones con diputados entre 2014 y 2021. Uno de los nombres que aparece en los expedientes judiciales es el del exdiputado Óscar Cascante, con quien, presuntamente, mantuvieron contactos telefónicos.
¿Gamboa como ficha clave del entramado?
El expediente judicial del caso sostiene que la organización contrató a Gamboa en 2019 para aprovechar sus conexiones dentro del Poder Judicial. Una conversación telefónica citada en el documento revela lo siguiente: “Lo bueno de Celso Gamboa es que sabe quién está, quién no está, dónde está, quién sirve y quién es sinvergüenza en la Corte”.
También se menciona que podría haber facilitado gestiones relacionadas con “un tema en Limón”, lo que refuerza las sospechas de su posible involucramiento con operaciones encubiertas de la organización.
¿Justicia selectiva?
La revelación de que el médico que certificó el delicado estado de salud de Gamboa está él mismo imputado por narcotráfico ha despertado cuestionamientos en distintos sectores. ¿Es posible que exista un intento de manipular procesos judiciales a través de vínculos entre imputados? ¿Puede un dictamen emitido por un investigado tener validez para modificar las condiciones penitenciarias de otro procesado?
Aún está pendiente una resolución definitiva sobre si Gamboa será extraditado a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos vínculos con el narcotráfico. Mientras tanto, el uso de certificados médicos emitidos por personajes investigados dentro del mismo universo criminal añade nuevas capas de complejidad a uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Costa Rica.
