En apariencia, era solo una mesa de centro más en una casa sencilla de Coto Brus. Pero en su interior se ocultaban ¢1.300.000 en efectivo, lo que llevó a la detención de su propietaria, una mujer apellidada Gómez River, señalada por las autoridades como sospechosa de narcomenudeo.
El hallazgo fue posible gracias a un operativo de la Policía de Control de Drogas (PCD), que este jueves desplegó dos allanamientos en ese cantón puntarenense, específicamente en la comunidad de Valle Azul, distrito de Aguabuena. La intervención no solo permitió decomisar el dinero oculto en la sala, sino también varias dosis de marihuana listas para su distribución, confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.
Pero Gómez River no fue la única detenida. En paralelo, la PCD arrestó a un hombre identificado como Gómez Campos, quien también estaría vinculado a la venta de estupefacientes en la zona. Dentro de su residencia se incautaron 87 gramos y seis dosis de marihuana, además de porciones de cocaína y crack. Las autoridades también encontraron 20 municiones calibre 9 mm y una importante suma en efectivo.
Gómez Campos no es nuevo en el radar de las autoridades. Tiene un largo historial delictivo por delitos como transporte de droga, robo agravado, agresión con arma blanca, maltrato y portación ilícita de armas.
Este operativo forma parte de una estrategia más amplia que viene ejecutando el Ministerio de Seguridad Pública en regiones fronterizas y comunidades rurales, donde el narcomenudeo ha ido ganando terreno. Las autoridades advierten que la aparente tranquilidad de ciertos sectores de la zona sur ha sido aprovechada por grupos que operan desde viviendas comunes, como la de estos sospechosos, para almacenar y distribuir drogas a nivel local.
Además del decomiso y las capturas, este tipo de acciones busca enviar un mensaje claro: ni los lugares más alejados del país están fuera del alcance de la ley, y los escondites más insospechados —como una simple mesa de sala— pueden convertirse en piezas clave para desmantelar operaciones ilegales.
El caso ya está en manos del Ministerio Público, que valorará las medidas cautelares a aplicar mientras se profundizan las investigaciones.
