En un giro que genera preocupación y deja al descubierto una debilidad estructural del Estado costarricense, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que las propiedades allanadas este martes —incluida una subasta ganadera clave en la trama de lavado de dinero— serán devueltas a sus propietarios en condición de depósito provisional.
Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, la medida obedece a que el Estado no tiene los recursos necesarios para administrar ni mantener estos bienes, lo cual representa una grieta en la lucha contra el crimen organizado.
“Lamentablemente, los inmuebles allanados hoy deben ser devueltos a sus dueños, incluyendo la subasta ganadera, porque el Estado no está en capacidad de darles mantenimiento. Esto les ha generado ganancias a los criminales desde hace años. Esto debe cambiar”, enfatizó Zúñiga.
Crimen organizado con ventaja legal
Este escenario implica que las personas investigadas por mover ₡3.000 millones en un año a través de empresas fachada podrán continuar utilizando los mismos bienes para actividades económicas —e incluso ilícitas— mientras el proceso judicial sigue su curso.
El OIJ teme que esto no solo desincentive el combate al lavado de dinero, sino que además permita a las estructuras criminales seguir obteniendo ingresos de forma legal, amparadas por una ley que busca proteger derechos de propiedad, pero que deja brechas cuando se trata de crimen organizado.
La paradoja del sistema judicial
Aunque los allanamientos y las detenciones fueron celebrados como un paso contundente en contra de la legitimación de capitales, el hecho de que los bienes embargados regresen a manos de los mismos sospechosos representa una paradoja que debilita el impacto de la operación judicial.
En palabras simples: el Estado logra identificar el delito, pero no puede despojar a los sospechosos de los activos que usaron para cometerlo. Peor aún, deben regresárselos mientras se resuelve el caso, lo cual puede tardar meses o incluso años.
Una estructura criminal empresarial
La organización investigada creó un entramado de más de 20 sociedades y utilizó distintos frentes comerciales —como canchas deportivas, venta de vehículos y subastas ganaderas— para lavar millones en efectivo.
Los operativos realizados este 17 de junio abarcaron 20 puntos en zonas como Santa Ana, Zapote, Pérez Zeledón, La Guácima, Cartago y Guanacaste, con nueve personas bajo investigación formal.
¿Qué debe cambiar?
Este caso ha reavivado el debate sobre la urgente necesidad de reformar la legislación sobre decomiso de bienes en Costa Rica, así como de crear un fondo nacional que permita al Estado mantener y administrar temporalmente los activos incautados durante procesos judiciales complejos.
Expertos en derecho penal y crimen organizado han advertido en múltiples ocasiones que sin esa capacidad operativa, el sistema judicial queda desarmado, permitiendo que el crimen siga funcionando desde el mismo terreno que se supone debe ser intervenido.
