¡Impactante! Funcionarios del PANI detenidos por presunta venta de niños: OIJ destapa red de adopciones ilegales
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sorprendió a la comunidad costarricense con un operativo que resultó en la detención de cinco funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), quienes son sospechosos de formar parte de una red de adopciones irregulares en la localidad de Cariari, Pococí. Entre los arrestados se encuentran tres mujeres y dos hombres, todos ahora bajo investigación por su presunta participación en el delito de Trata de Personas con Fines de Adopción Irregular.
La investigación comenzó en octubre de 2022, cuando la Presidenta Ejecutiva del PANI detectó anomalías en los procesos de adopción manejados por la oficina local en Cariari. Dichas irregularidades, que fueron reportadas al Ministerio Público en agosto del mismo año, alertaron sobre procedimientos administrativos sospechosos, incluyendo la manipulación de trámites y la emisión de testimonios falsos.
Estos actos tenían como objetivo separar a niños de sus familias biológicas y ubicarlos en hogares adoptivos, posiblemente en busca de beneficios económicos proporcionados por el PANI.
Las pesquisas realizadas por el OIJ permitieron identificar a los funcionarios involucrados, quienes presuntamente apartaban a menores de sus familias sin seguir los procesos legales adecuados. Este grupo habría facilitado adopciones irregulares a cambio de una retribución económica, beneficiándose de un sistema que, paradójicamente, debía proteger a los niños.
Durante la mañana del martes, varias oficinas del PANI en diferentes puntos del país, incluyendo las sedes de Cariari, Puerto Jiménez, Alajuela, Orotina y un centro integral en Santa Ana, fueron allanadas en busca de pruebas. Además, las detenciones se llevaron a cabo en zonas como Guácimo, Siquirres, Pococí, y Orotina, capturando a los sospechosos en plena vía pública.
Entre los detenidos se encuentran personas de apellidos Hernández (31 años), Fernández (42 años), Chavarría (48 años), Barrantes (61 años), y Chacón (39 años), quienes fueron trasladados al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si existieron sobornos u otros beneficios ilegales en este caso que ha conmocionado a la nación.
Este caso ha puesto bajo el microscopio los procedimientos del PANI, generando un llamado de atención sobre la necesidad de garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los menores en Costa Rica.