La investigación por presuntos actos de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sumó este jueves un nuevo capítulo. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) realizó seis allanamientos simultáneos en viviendas y oficinas institucionales, tras detectar que al menos 300 correos electrónicos y cuatro archivos de One Drive fueron eliminados en pleno desarrollo de los operativos del caso Barrenador, el 23 de setiembre de 2024.
Las diligencias judiciales se enfocaron en cuatro casas de habitación y dos sedes de la Caja, incluido el Centro Corporativo Laureano, en pleno centro de San José. El objetivo principal es decomisar equipos electrónicos como computadoras, teléfonos celulares y documentos que puedan aportar evidencia sobre el borrado masivo de información.
Uno de los allanamientos se ejecutó en la casa del asesor médico Herrera, funcionario que meses atrás había advertido a la junta directiva sobre sobreprecios injustificados en la licitación para administrar 138 Ebais. Aunque ese día de setiembre se encontraba de vacaciones, la investigación presume que coordinó con técnicos de Tecnologías de Información (TI) para acceder a su correo electrónico, justo cuando un juez había ordenado la suspensión de cuentas institucionales.
Un trasfondo marcado por advertencias ignoradas
Las actas de la sesión del 22 de junio de 2024 revelan que Herrera expuso a la junta tres escenarios sobre la adjudicación de los contratos. Su advertencia fue clara: de aprobarse la totalidad de la licitación, la CCSS asumiría un gasto millonario sin justificación alguna.
Ese señalamiento se conecta directamente con el eje del caso Barrenador, que estalló tras los señalamientos de sobreprecio en contratos con cooperativas por un monto que podría rondar los ₡12.400 millones anuales. En esa causa ya figura como imputada la expresidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel, hoy candidata a diputada por Heredia, junto con otros siete directivos y funcionarios que habrían presionado a favor de la adjudicación.
Un caso que no da tregua
El presunto sabotaje informático y la desaparición de correos electrónicos encendieron las alarmas de la Fiscalía, que ahora busca establecer si la información borrada contenía pruebas clave. La investigación apunta a los delitos de favorecimiento real y sabotaje informático.
El caso Barrenador no solo ha puesto en entredicho la gestión de la CCSS, sino que también ha reavivado cuestionamientos sobre la forma en que se negocian contratos millonarios dentro de la institución más emblemática de la seguridad social en Costa Rica.
