La tensión y el dolor marcaron la mañana de este martes 7 de octubre en los Tribunales de San José, cuando la exministra de Justicia Cecilia Sánchez abandonó la sala visiblemente afectada y entre lágrimas, minutos después de escuchar la resolución judicial que autoriza la extradición de su hijo, el exmagistrado Celso Manuel Gamboa Sánchez, hacia Estados Unidos.
El juez penal William Serrano fue quien emitió el fallo que concede la entrega del exmagistrado, requerido por autoridades norteamericanas por su presunta participación en una red de legitimación de capitales. La decisión también abarca al exconvicto Edwin Danney López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, y a Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias “Gato”, ambos señalados como figuras clave dentro del mismo esquema de lavado de dinero vinculado al narcotráfico.
El fallo marca un punto histórico, ya que se trata de uno de los primeros casos en los que Costa Rica autoriza la extradición de ciudadanos nacionales tras la reciente reforma legal que habilita este tipo de procesos para delitos graves como narcotráfico o terrorismo.
A la salida del edificio judicial, testigos relataron que Sánchez se mostró desconsolada, sin ofrecer declaraciones a la prensa, mientras varios allegados la acompañaban hasta su vehículo. La exjerarca, que durante su gestión en el Ministerio de Justicia impulsó medidas de transparencia en el sistema penitenciario, enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida familiar.
La resolución del juez será ahora notificada formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que deberá coordinar con las autoridades estadounidenses los pasos para concretar la extradición. Entretanto, la defensa de Gamboa podría intentar interponer un recurso de apelación, aunque fuentes judiciales señalan que las probabilidades de revertir la decisión son reducidas.
Con este fallo, el caso de Celso Gamboa —que durante meses ha acaparado la atención nacional— entra en una nueva etapa, marcada por el impacto emocional en su entorno familiar y por la repercusión política y judicial que podría tener para Costa Rica.
