La discusión alrededor del levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves dejó de ser un asunto exclusivamente nacional. Ahora, el tema cruzó fronteras y llegó directamente a los pasillos del Congreso estadounidense, donde legisladores solicitaron la presencia de Catalina Crespo, embajadora de Costa Rica en Washington. La cita está programada —según adelantó Trivisión— para este viernes a las 11:30 a. m.
Aunque se trata de un procedimiento propio del sistema institucional costarricense, la atención internacional se activó debido a los temores expresados por congresistas norteamericanos, quienes advierten un posible “uso político” del Poder Judicial. Su preocupación gira en torno a si las acciones contra el mandatario responden a criterios jurídicos o si podrían estar relacionadas con disputas de poder internas.
¿Por qué se discute el levantamiento del fuero?
El tema se encendió cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) pidió a la Asamblea Legislativa retirar la inmunidad de Chaves por presunta beligerancia política. Esta solicitud se suma a una anterior presentada por la Fiscalía General, que no prosperó en su momento por no alcanzar los 38 votos necesarios.
En Costa Rica, quitar la inmunidad a un presidente es un paso extraordinario: requiere mayoría calificada y una justificación jurídica sólida. Aun así, el panorama legislativo sigue incierto. No está claro si las bancadas opositoras lograrán sumar los votos necesarios o si nuevamente el proceso se estancará.
Costa Rica bajo el foco internacional
El presidente Chaves reconoció que “gobiernos amigos” le han consultado directamente sobre este procedimiento. Esto no solo evidencia el nivel de atención externa sobre la situación política del país, sino también la inquietud por posibles efectos en la estabilidad institucional costarricense, una característica históricamente valorada por aliados estratégicos.
¿Lawfare en Costa Rica?
Diversos analistas, juristas y actores políticos en el país han calificado el escenario como un ejemplo de lawfare, un término que ha ganado peso en América Latina. Se refiere al uso de herramientas legales —a veces con apariencia legítima— para erosionar la credibilidad, capacidad de acción y futuro político de una figura pública.
Para quienes defienden esta tesis, el riesgo no está solamente en el caso puntual del presidente, sino en el precedente que podría sentarse para que procesos judiciales se utilicen como arma política.
El rol del Tribunal Supremo de Elecciones
El TSE recordó que, en caso de que el levantamiento de inmunidad avance, la institución tiene la facultad de destituir e inhabilitar al mandatario si determina que hubo faltas graves relacionadas con beligerancia política. Esto subraya la dimensión inédita del proceso.
Lo que viene
Mientras la Asamblea define si tiene o no los votos para mover la balanza, Washington espera explicaciones. La llamada del Congreso estadounidense coloca a Costa Rica en una situación poco habitual: con su política interna bajo observación directa de potencias internacionales.
Lo cierto es que, hasta ahora, el país navega un momento político delicado, donde la institucionalidad, la confianza pública y el clima internacional convergen en un mismo punto: la inmunidad presidencial.
