El nombre de Leonel Villalobos Salazar —abogado, exdiputado liberacionista y exviceministro de Seguridad— volvió a ocupar titulares este fin de semana, luego de que autoridades penitenciarias lo detuvieran dentro del centro Vilma Curling Segura, en Desamparados, por presuntamente intentar introducir un teléfono celular al recinto conocido como El Buen Pastor.
La captura ocurrió de forma inmediata y, según confirmó una fuente judicial, el exlegislador quedó a las órdenes de los Tribunales de Flagrancia, donde ahora encara un nuevo proceso que podría complicar seriamente su situación legal.
Un beneficio que habría terminado mal
Villalobos actualmente se encuentra bajo una medida de ejecución condicional, la cual obtuvo tras aceptar —mediante un proceso abreviado— su responsabilidad en un caso de procuración de impunidad sucedido en agosto del 2024. La sentencia, de dos años de prisión, incluía condiciones estrictas: no cometer nuevos delitos durante tres años, mantener domicilio fijo y respetar lineamientos básicos de conducta.
Esa condena surgió luego de que la Policía de Control de Drogas (PCD) lo señalara por sustraer aproximadamente $250 en medio de un operativo antidrogas en La Garita de Alajuela. Cámaras corporales revelaron que el abogado se acercó a una zona acordonada y tomó el dinero, lo que dio pie a un proceso penal que terminó con una pena reducida.
Sin embargo, el episodio reportado en Vilma Curling podría significar un incumplimiento directo de ese beneficio, abriendo la puerta a que su condena previa entre a ejecutarse plenamente.
Un historial que se remonta décadas atrás
La figura de Villalobos ha estado envuelta en controversias desde los años ochenta. Aunque ocupó puestos de relevancia —fue viceministro de Seguridad durante la administración de Luis Alberto Monge y diputado en el primer gobierno de Óscar Arias— su carrera pública quedó marcada por múltiples investigaciones ligadas al narcotráfico y el crimen organizado.
En su paso por la Asamblea Legislativa incluso integró la primera comisión antidrogas. No obstante, señalamientos por supuestos vínculos con el narco argentino Roberto Fiona frenaron un eventual ascenso al directorio legislativo.
La caída más fuerte llegó en 1997, cuando fue detenido en Tibás en una operación conjunta entre la PCD y la DEA, por negociar kilo y medio de cocaína con un agente encubierto. La investigación revelaba viajes constantes a Panamá y supuestos acercamientos con organizaciones de origen colombiano. Meses después, Villalobos fue condenado a 12 años de prisión por tráfico internacional de drogas. Recuperó su libertad en el 2002 gracias a una ejecución condicional que lo obligaba a cumplir con una serie de restricciones.
Años más tarde, en el 2008, volvió a ser arrestado, esta vez como parte de una investigación por legitimación de capitales y falsificación de documentos. Aunque en ese expediente finalmente obtuvo un sobreseimiento definitivo, la sombra de la sospecha nunca dejó de acompañarlo.
Un caso en desarrollo
Ahora, el intento de introducir un celular a una cárcel femenina vuelve a encender alarmas sobre el comportamiento del exlegislador y abre un capítulo más dentro de una trayectoria marcada por constantes roces con la ley.
El Ministerio de Justicia todavía no ha detallado el contexto exacto del incidente ni el destino que tendría el dispositivo. La causa continúa en investigación y podría tener implicaciones mayores debido a sus antecedentes y a la condición de prueba que mantiene desde la sentencia del 2024.
Mientras avanza el proceso, el país observa con atención el nuevo giro en la historia de un personaje político que, pese al paso del tiempo, sigue generando titulares por razones muy alejadas de su vida pública original.
