El caso que involucra al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, sigue sumando capítulos polémicos.
Esta vez, su abogado defensor, Federico Campos, denunció públicamente que miembros del Gobierno habrían ofrecido ayudas económicas y becas a mujeres para que interpusieran denuncias por supuestas violaciones contra su cliente.
“Les ofrecieron becas, ayudas del IMAS y denuncias ya redactadas”
Campos aseguró que, según su información, al menos dos mujeres fueron contactadas por funcionarios públicos que les ofrecieron beneficios estatales a cambio de presentar denuncias ya preparadas contra Zúñiga.
“Dos mujeres a quienes buscaron miembros o funcionarios de entes gubernamentales para ofrecerles, con una denuncia ya redactada, que fueran a interponerla. Les ofrecieron ayudas por medio del IMAS, pagarles estudios… una serie de ofrecimientos que son más sobornos que otra cosa”, declaró el abogado.
El defensor agregó que una de estas mujeres ya denunció el hecho ante la Fiscalía de Turrialba, mientras que otra presentará una denuncia similar este viernes.
Señalan motivación política detrás de las denuncias
Campos aseguró que podrían existir intereses políticos detrás de las acusaciones, las cuales habrían sido fabricadas con el fin de “mancillar el nombre y la trayectoria” del director del OIJ.
“Creemos que detrás de estas tres denuncias podría haber un patrón de motivación similar. No buscan la verdad, sino dañar la reputación de don Randall, quien ha hecho un trabajo ejemplar al frente del OIJ”, puntualizó.
Contexto de una investigación compleja
Estas declaraciones se dan en medio de los allanamientos realizados este viernes por parte de la Fiscalía Adjunta de Género, tanto en la vivienda de Zúñiga en La Uruca como en la Dirección General del OIJ, en San José.
El funcionario se mantiene suspendido temporalmente de su cargo mientras avanzan las investigaciones por presuntos delitos sexuales denunciados por tres mujeres, una de las cuales retiró recientemente su acusación.
La nueva versión del abogado profundiza las tensiones entre el OIJ y el Poder Ejecutivo, en un caso que ha escalado hasta convertirse en uno de los más delicados enfrentamientos institucionales de los últimos años.
