Durante años, miles de personas en Costa Rica han asumido una tarea silenciosa y desgastante: cuidar, a tiempo completo y sin salario, a un familiar con discapacidad. Ahora, una iniciativa legislativa pretende transformar esa realidad y convertir ese esfuerzo en un derecho con respaldo del Estado.
Se trata del proyecto de Ley N.° 25397, presentado por la diputada Dinorah Barquero, que propone crear un sistema de reconocimiento económico y social para quienes han dedicado buena parte de su vida al cuido no remunerado.
Una realidad que deja secuelas
El texto parte de un diagnóstico claro: cuando la persona dependiente fallece o es institucionalizada, el cuidador principal queda en una condición de “triple vulnerabilidad”.
Se trata de un golpe emocional por la pérdida, pero también de una fractura económica y laboral. Muchas de estas personas dejaron estudios, trabajos formales y oportunidades de crecimiento profesional para asumir jornadas de más de 35 horas semanales dedicadas al cuido.
Al finalizar esa etapa, no cuentan con ingresos, ni ahorro, ni historial suficiente de cotización ante la Caja Costarricense de Seguro Social, lo que las expone a llegar a la vejez sin pensión.
Tres mecanismos que plantea la propuesta
La iniciativa establece tres herramientas concretas para atender esta situación:
1. Pensión de Transición (PTPC)
Un subsidio temporal por hasta 24 meses después de que termina el periodo de cuido. Este apoyo funcionaría como un “colchón” financiero mientras la persona logra reinsertarse laboralmente o reorganizar su vida.
2. Pensión de Reconocimiento (PRC)
Dirigida a quienes hayan dedicado 10 años o más al cuido exclusivo y se encuentren en condición de pobreza. En estos casos, la pensión sería vitalicia.
3. Reconocimiento de semanas cotizadas
La propuesta permitiría que hasta cuatro años de labores de cuido sean reconocidos como tiempo cotizado dentro del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CCSS, con el fin de evitar que estas personas lleguen a la jubilación sin protección.
El argumento central del proyecto es que el Estado ya se ha beneficiado de ese trabajo no remunerado. Si tuviera que asumir directamente los servicios de enfermería y atención especializada, el costo mensual superaría con facilidad el millón de colones por cada caso.
¿Quiénes podrían aplicar?
La ley estaría dirigida a personas cuidadoras principales no remuneradas que dediquen al menos 35 horas semanales al acompañamiento de un familiar con discapacidad en condición de dependencia.
Para ordenar el proceso y reducir riesgos de fraude, se crearía el Registro Nacional de Personas Cuidadoras (RNPC). Este sistema cruzaría información con bases de datos como el IMAS, la CCSS, el Registro Civil y el EDUS, con verificaciones periódicas y eventuales visitas domiciliarias.
El texto también contempla sanciones y la devolución de recursos en caso de que se compruebe que alguien recibió dinero de forma indebida.
Más allá del dinero: acompañamiento emocional
La propuesta no se limita al apoyo económico. También plantea acompañamiento psicológico tras el fallecimiento de la persona cuidada, reconociendo que el duelo, en estos casos, suele ir acompañado de un fuerte impacto en la identidad y el propósito de vida del cuidador.
En Costa Rica, el envejecimiento poblacional y el aumento de diagnósticos de discapacidad hacen que el tema del cuido sea cada vez más relevante. De aprobarse, este proyecto marcaría un precedente en la forma en que el país entiende el trabajo doméstico y de atención, tradicionalmente asumido en su mayoría por mujeres.
El debate ahora queda en manos del Congreso, donde se definirá si el trabajo invisible del hogar finalmente obtiene un respaldo formal dentro del sistema de protección social costarricense.
