¡Cayeron por robar atunes! Dos agentes del OIJ detenidos tras allanamiento a narco del Este “Sobrino”
Del operativo al escándalo: policías judiciales son acusados de llevarse licor y comida de finca narco.
terminó destapando una vergonzosa actuación policial. Dos agentes de la Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron arrestados por supuestamente sustraer artículos personales de una propiedad ligada a un conocido narco capitalino apodado “Sobrino”.
Los hechos ocurrieron el pasado 7 de abril durante un operativo en Cutris de San Carlos, específicamente en la comunidad de Coopevega, donde se presume que Edwin Vargas García —nombre real de “Sobrino”— tenía parte de sus inversiones. Aunque el objetivo era desarticular a este presunto cabecilla del narco en Curridabat y otros puntos del este del Valle Central, el escándalo surgió por otro motivo.
Mientras resguardaban la propiedad allanada, los dos agentes judiciales, de apellidos González Hernández y Soto Castro, habrían aprovechado la ocasión para llevarse consigo ocho latas de atún, una pasta dental, un reloj y varias botellas de licor. Según la investigación, ocultaron estos objetos en sus pertenencias personales y los retiraron del sitio de forma ilícita.
Este comportamiento encendió las alarmas en la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), que no tardó en emitir órdenes de captura. Los sospechosos fueron detenidos el miércoles a las 4:00 p.m. y están bajo custodia. Además, hoy se llevó a cabo un allanamiento en una cabina de La Fortuna de San Carlos, donde ambos permanecían hospedados temporalmente.
La causa penal está ligada al expediente 21-02611-0042-PE, llevado por la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, en la que se investiga el entorno financiero y delictivo de “Sobrino”. El operativo inicial pretendía debilitar su estructura, pero terminó sacando a la luz un posible caso de corrupción interna dentro del mismo OIJ.
Los agentes serán presentados ante el Ministerio Público en San Carlos para rendir declaración indagatoria. Posteriormente, se definirá si se les impondrán medidas cautelares. De confirmarse los hechos, podrían enfrentar cargos por el delito de peculado, que castiga el uso indebido de bienes públicos —o, en este caso, de bienes bajo custodia estatal— para fines personales.