¡Cárceles bajo la lupa! Ahora es delito meter celulares, pero el problema es aún más grande
Nueva ley prohíbe celulares en cárceles, pero el crimen digital sigue conectado.
El ingreso de celulares a las cárceles de Costa Rica ya no será considerado simplemente una falta administrativa: ahora es un delito penal. Esta medida, recientemente aprobada, busca frenar una de las prácticas más peligrosas dentro del sistema penitenciario costarricense. Sin embargo, el trasfondo del problema deja claro que se necesita mucho más que una reforma legal para cortar la comunicación entre reos y el mundo exterior.
Durante el mes de abril, las autoridades confiscaron al menos 10 celulares y más de 10 chips telefónicos en distintos centros penales del país. Y aunque esto podría parecer un avance, la cifra refleja apenas una fracción de un problema que se ha enquistado por años.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, lanzó acusaciones directas contra las operadoras telefónicas, a quienes responsabiliza por no bloquear adecuadamente la señal en las cárceles. “Ya presentamos denuncias penales contra ellas. La ley las obliga al bloqueo, y el OIJ deberá investigar”, señaló Campos. Pero las críticas también apuntan al propio Ministerio, señalado por no implementar controles sólidos en ingresos de visitas, encomiendas y personal.
Expertos en el tema afirman que el problema es tanto tecnológico como estructural. “Se están usando chips extranjeros, especialmente de Panamá y Nicaragua, que no se bloquean con facilidad en Costa Rica”, advirtió Luis Arguedas, exdirector de centros penales. Esto evidencia una clara brecha en los sistemas de control actuales, que no están preparados para enfrentar una operación transnacional dentro de las cárceles.
Además, la ubicación de varios centros penitenciarios cerca de zonas residenciales permite que los reos accedan a redes wifi privadas del exterior, una omisión grave en términos de planificación y seguridad.
La entrada en vigor de esta nueva ley es un paso en la dirección correcta, pero insuficiente. Mientras las cárceles sigan funcionando como oficinas del crimen organizado, con acceso a tecnología de comunicación, el sistema penitenciario seguirá siendo una pieza clave en la maquinaria criminal que afecta a todo el país.