Colombia permitió identificar a un grupo que, mediante páginas falsas de bancos, habría sustraído más de 35 millones de colones.
La madrugada de este martes, las autoridades judiciales de Costa Rica y Colombia pusieron en marcha un amplio operativo para desmantelar una presunta organización criminal dedicada al fraude informático. La operación, bautizada como Nexus, logró ejecutarse gracias a la colaboración de AMERIPOL, la Comunidad de Policías de América, en un esfuerzo conjunto que demuestra cómo el cibercrimen trasciende fronteras.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con el Ministerio Público, movilizó a agentes especializados en cibercrimen y fraude informático para llevar a cabo nueve allanamientos simultáneos: seis en territorio costarricense y tres más en Medellín, Colombia. La operación se activó a las 6:00 a.m. en nuestro país y una hora más tarde en tierras colombianas.
Según las autoridades, la red operaba creando sitios web falsos que imitaban la apariencia de plataformas bancarias costarricenses. Las víctimas, al ingresar sus datos, eran engañadas y terminaban entregando sus credenciales a los estafadores. Una vez con acceso a las cuentas, los delincuentes retiraban el dinero a través de cajeros automáticos, valiéndose de personas que fungían como “extraccionistas”.
En Costa Rica, se realizó un allanamiento en Paso Ancho, donde se busca detener a un hombre de 34 años vinculado directamente con los retiros de dinero en cajeros. Otro objetivo es una mujer de 46 años en Alajuelita, quien al parecer cumplía un rol similar dentro de la red. Además, se realizaron intervenciones en Puriscal, Santa Cruz, Guápiles y Golfito, donde se localizaron equipos utilizados para ejecutar los fraudes desde conexiones domésticas, según datos proporcionados por empresas proveedoras de internet.
En Medellín, aunque no hubo arrestos, las autoridades ubicaron los lugares desde donde se habrían diseñado y difundido las páginas fraudulentas. Estos sitios eran estratégicamente posicionados en buscadores para atraer a las víctimas, haciéndoles creer que estaban accediendo al sitio legítimo de su entidad bancaria.
Hasta el momento, se contabilizan 24 causas penales abiertas vinculadas a esta organización, con un perjuicio económico estimado en 35 millones de colones. Sin embargo, el OIJ no descarta que existan más víctimas aún no identificadas.
En total, 30 personas están bajo la lupa de los investigadores. Aunque por ahora solo se busca la detención inmediata de dos sospechosos, las otras 28 serán citadas a declarar ante el Ministerio Público.
Este golpe al crimen digital evidencia la creciente necesidad de cooperación internacional para combatir delitos tecnológicos y alerta a la población sobre los riesgos de caer en trampas cibernéticas que simulan ser plataformas confiables. Las investigaciones continúan activas, y se espera que en los próximos días se recabe más evidencia que permita esclarecer por completo el alcance de esta red.
