La nueva norma de aborto terapéutico ha encendido un intenso debate en el país, al plantear que los hombres, familiares o personas de confianza podrán participar en la decisión médica cuando la mujer no esté en capacidad de dar su consentimiento.
El documento, divulgado por el medio digital CRHoy, establece que, en esos casos, el equipo médico deberá “tomar en consideración la voluntad del cónyuge, la pareja actual, el padre del nasciturus o un acompañante de su confianza mayor de edad”, además de su propio criterio profesional.
El texto lleva las firmas del presidente Rodrigo Chaves y de la ministra a. i. de Salud, Mariela Marín, y representa un cambio respecto a la normativa elaborada en 2019 durante la administración Alvarado Quesada, que dejaba la decisión exclusivamente en manos del personal médico.
Desde Casa Presidencial se ha defendido la actualización de la norma como un intento de “llenar vacíos legales”, pero especialistas en derechos humanos y diputadas aseguran que limita el acceso al procedimiento y abre la puerta a la intromisión de terceros en una decisión médica y personal.
La abogada Larissa Arroyo, especialista en Derechos Humanos, cuestionó duramente la medida.
“Creo que en lo que hay que enfatizar es que contraviene el 121 de manera muy evidente, y eso es una prueba más del ataque a la democracia y al Estado de derecho. Ya el tema no es si se está a favor o en contra, sino un ataque a la institucionalidad”, expresó Arroyo.
Además, la nueva norma endurece los criterios para aplicar el procedimiento, al indicar que solo podrá considerarse “ante el fracaso de todas las medidas utilizadas para tratar y estabilizar las patologías graves que están descompensadas y fuera de control”.
En el ámbito político, la diputada Rocío Alfaro, del Frente Amplio, calificó la medida como una regresión en derechos y criticó los motivos del Ejecutivo.
“Que se haya derogado la norma técnica que estaba vigente para aplicar una ley de los años 70 es simplemente una vergüenza para este país que se considera defensor de los derechos humanos”, afirmó la legisladora.
La aprobación de la nueva norma ha reavivado el debate nacional sobre los derechos reproductivos y el papel del Estado en decisiones que afectan directamente la salud y autonomía de las mujeres.
*Con información de Diario Extra.
