El presidente Rodrigo Chaves Robles confirmó que vetará la Ley de Ejecución de la Pena y Medidas de Seguridad Curativas, recién aprobada en segundo debate por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, lo que abre un nuevo capítulo de confrontación entre el Ejecutivo y el Congreso en materia de política criminal.
“Voy a vetar esa ley”, afirmó el mandatario, al considerar que la iniciativa no responde a la línea de endurecimiento penal que impulsa su administración en un contexto marcado por altos niveles de criminalidad. Según su criterio, el proyecto podría generar efectos que no se ajustan al enfoque de seguridad que el Gobierno ha defendido desde el inicio de su gestión.
La propuesta legislativa fue respaldada por 33 diputados y plantea una regulación más detallada sobre el cumplimiento de condenas. Entre otros aspectos, establece reglas claras para cambios de régimen, libertades condicionales y mecanismos de supervisión judicial durante la ejecución de la pena. Sus impulsores han insistido en que no crea beneficios automáticos ni implica rebajas de condena, sino que ordena procedimientos ya contemplados en el marco jurídico vigente.
No obstante, el Presidente cuestionó criterios técnicos vinculados al ámbito penal, incluyendo pronunciamientos de la Fiscalía Adjunta de Impugnaciones y Recursos, señalando que el Ejecutivo no comparte algunas interpretaciones que se han venido aplicando en materia de beneficios penitenciarios. El señalamiento evidencia diferencias de enfoque entre el Gobierno y sectores del Poder Judicial respecto a cómo debe gestionarse la fase final de las condenas.
Desde el Poder Judicial han defendido la iniciativa argumentando que aporta seguridad jurídica y uniformidad en la aplicación de la ley, evitando decisiones contradictorias entre distintos tribunales. A su juicio, el proyecto no flexibiliza el sistema penal, sino que establece parámetros claros para su ejecución.
El anuncio del veto devuelve el expediente al Congreso. Para que la ley entre en vigencia pese a la oposición presidencial, los diputados deberán reunir al menos 38 votos para resellarla, una cifra que supera los apoyos obtenidos en la votación original.
El episodio se suma a un debate más amplio sobre la respuesta del Estado frente a la criminalidad. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de endurecer normas y limitar beneficios, otros sectores sostienen que una correcta regulación de la ejecución de la pena no debilita el combate al delito, sino que fortalece la institucionalidad.
En las próximas semanas, el pulso político se trasladará nuevamente al plenario legislativo, donde se definirá si prevalece el veto presidencial o si el Congreso logra imponer su criterio con una mayoría calificada.
