La lucha contra la inseguridad volvió a convertirse en un punto de choque entre el Poder Ejecutivo y la oposición legislativa. Este lunes, la presidenta Laura Fernández presentó un paquete de seis proyectos de ley orientados a fortalecer el combate contra la delincuencia y el crimen organizado, pero la actividad estuvo marcada por la escasa participación de diputados.
De los legisladores convocados para conocer las iniciativas, únicamente asistió el diputado liberacionista Éder Hernández. La ausencia de 25 congresistas de oposición terminó robándose parte de la atención de una jornada que el Gobierno había planteado como un esfuerzo para impulsar reformas urgentes en materia de seguridad.
La situación evidenció nuevamente la tensión política que existe entre Casa Presidencial y buena parte de las fracciones legislativas, en momentos en que la seguridad ciudadana continúa figurando entre las principales preocupaciones de los costarricenses.
Seis proyectos para endurecer la respuesta contra la delincuencia
Durante la actividad, la presidenta entregó formalmente un conjunto de iniciativas que buscan modificar distintos aspectos del sistema penal y judicial.
Uno de los proyectos pretende ampliar los criterios para aplicar prisión preventiva en casos de delitos graves, con el objetivo de evitar que personas investigadas por hechos de alta peligrosidad enfrenten los procesos judiciales en libertad.
Otra propuesta busca restringir beneficios penitenciarios para delincuentes reincidentes, endureciendo las condiciones para acceder a medidas de libertad condicional.
Golpe directo a estructuras criminales
Dentro del paquete también figura una iniciativa que pretende castigar penalmente la pertenencia a organizaciones criminales.
La propuesta busca que las autoridades puedan procesar judicialmente a integrantes de bandas delictivas por formar parte de estas estructuras, incluso cuando no se les vincule directamente con un delito específico en el momento de su captura.
Según el Ejecutivo, esta herramienta permitiría atacar de manera más efectiva el funcionamiento de organizaciones dedicadas al narcotráfico, sicariato y otros delitos vinculados con el crimen organizado.
Reformas sobre armas y protección policial
Otro de los proyectos presentados contempla modificaciones a la legislación relacionada con armas y explosivos.
La intención es reforzar los controles sobre la adquisición, portación y comercialización de armamento, dificultando el acceso de grupos criminales a armas de alto poder.
Asimismo, el Gobierno impulsa una iniciativa para aumentar las sanciones contra quienes agredan a miembros de la Fuerza Pública durante el cumplimiento de sus funciones.
La propuesta surge en medio de reiterados casos de ataques y enfrentamientos contra oficiales registrados en distintas zonas del país.
Tribunales especializados para combatir el crimen organizado
La sexta iniciativa plantea la creación de una jurisdicción especializada para atender casos relacionados con delincuencia organizada.
La propuesta contempla tribunales con personal capacitado y herramientas específicas para abordar investigaciones complejas vinculadas con redes criminales, narcotráfico y estructuras delictivas de alto impacto.
Desde el Ejecutivo consideran que esta medida permitiría agilizar procesos y fortalecer la capacidad de respuesta del sistema judicial.
Ausencia de diputados marca la jornada
Más allá del contenido de las propuestas, la atención también se centró en la baja asistencia de legisladores durante la presentación.
La ausencia de la mayoría de diputados opositores fue interpretada por el Gobierno como una señal preocupante en momentos en que la seguridad figura entre las principales demandas ciudadanas.
Por su parte, la administración Fernández sostiene que ya cumplió con presentar las herramientas legales que considera necesarias para enfrentar la criminalidad y que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa decidir el rumbo de estas reformas.
Con los proyectos ya en manos del Congreso, el debate se trasladará al Plenario Legislativo, donde las iniciativas deberán enfrentar un escenario político marcado por profundas diferencias entre el oficialismo y la oposición.
