El nuevo escenario político que dejó la jornada electoral del 1.° de febrero no solo redefinió el Poder Ejecutivo, sino que también marcó un punto de inflexión en el equilibrio de fuerzas dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Con los resultados preliminares divulgados por el Tribunal Supremo de Elecciones, el bloque oficialista alcanzó una cifra que cambia de forma sustancial la dinámica parlamentaria: 31 curules.
Este número supera el umbral de la mayoría simple, que en un Congreso de 57 diputados se fija en 29 votos. En términos prácticos, significa que el oficialismo, alineado con la futura presidenta Laura Fernández, podrá imponerse en una amplia gama de decisiones legislativas sin necesidad de pactar con otras fracciones.
¿Qué permite la mayoría simple?
La mayoría simple es el requisito básico para aprobar buena parte del quehacer ordinario del Congreso. Con 31 votos, el bloque chavista tendría la capacidad de sacar adelante leyes ordinarias, aprobar o rechazar mociones dentro del trámite legislativo, definir el Directorio Legislativo al inicio de cada legislatura y respaldar convocatorias a interpelaciones de ministros, entre otros procesos clave.
Este control inicial otorga una ventaja estratégica importante, sobre todo en los primeros meses del nuevo periodo constitucional, cuando se definen agendas, prioridades y liderazgos internos en Cuesta de Moras.
Los límites del poder legislativo oficialista
No obstante, el dominio no es absoluto. Existen decisiones que exigen una mayoría calificada de 38 votos, un umbral que el oficialismo no alcanza por sí solo. En esos casos, la negociación con otras bancadas será inevitable.
Entre los temas que requieren mayoría calificada se encuentran los proyectos relacionados con impuestos, la aprobación de tratados internacionales, reformas parciales a la Constitución, el levantamiento de inmunidades y otros acuerdos de alto impacto político e institucional.
Un Congreso menos fragmentado
La próxima Asamblea Legislativa estará conformada únicamente por cinco partidos políticos, una reducción significativa frente a la dispersión partidaria de periodos anteriores. Según el reparto preliminar de curules, el Partido Pueblo Soberano obtendría 31 escaños, Liberación Nacional 18, el Frente Amplio siete, mientras que la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana contarían con un diputado cada uno.
Esta menor fragmentación podría acelerar la toma de decisiones, pero también concentrar el poder político en menos manos, lo que aumenta la relevancia del control político y del rol de las fracciones minoritarias.
Decisiones que marcarán al Estado costarricense
Más allá de los proyectos de ley, esta Asamblea tendrá responsabilidades de gran peso institucional. Durante el periodo 2026-2030, los diputados deberán definir la continuidad o sustitución de 13 de los 22 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, además de nombrar jerarcas clave en órganos fundamentales del Estado.
Entre estos nombramientos figuran las máximas autoridades de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y la Procuraduría General de la República, decisiones que requieren consensos amplios y que pondrán a prueba la capacidad de diálogo entre las distintas fuerzas políticas.
