La confirmación oficial del resultado electoral trajo consigo una de las primeras decisiones administrativas vinculadas al nuevo ciclo político del país. La Presidencia de la República giró la orden para asignar protección inmediata a Laura Fernández, luego de quedar en firme su elección como presidenta de Costa Rica para el periodo 2026-2030.
La instrucción se formalizó mediante el oficio PR-DP-0053-2026, emitido este 2 de febrero, en el cual se solicita activar de forma inmediata el esquema de escolta correspondiente. El documento fue firmado por el director de Despacho de la Presidencia, Gabriel Aguilar Vargas, y dirigido a Jeffrey Cerdas Lobo, jerarca de la Unidad Especial de Intervención y de la Unidad de Protección Presidencial.
Según el contenido del oficio, la medida busca garantizar la integridad personal de la mandataria electa, así como el normal desarrollo de sus actividades tanto públicas como privadas. Este tipo de resguardo se aplica conforme a los protocolos vigentes para altas autoridades del Estado, una vez que el proceso electoral queda oficialmente validado.
La decisión se sustenta en la comunicación formal emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones, entidad que certificó los resultados finales de los comicios nacionales. A partir de ese momento, Fernández pasa a contar con protección institucional, aun antes de asumir formalmente el cargo.
Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano, hizo historia al convertirse en la segunda mujer electa para ocupar la Presidencia de la República. Los datos oficiales del TSE indican que obtuvo 1.093.008 votos, equivalentes al 48,51 % del total, porcentaje suficiente para superar el umbral requerido y evitar una segunda ronda electoral.
En la contienda, el segundo lugar fue ocupado por Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, con 750.585 votos, lo que representó un 33,32 %. Más atrás quedaron la Coalición Agenda Ciudadana, con 108.261 votos (4,81 %), y el Frente Amplio, con 83.826 votos (3,72 %).
Con la asignación de escolta, se activa una de las primeras transiciones prácticas entre el cierre del proceso electoral y el inicio del nuevo gobierno, en un contexto marcado por una amplia ventaja en las urnas y un cambio relevante en la conducción política del país.
