Un nuevo capítulo se abrió en la discusión sobre seguridad pública en la Asamblea Legislativa, luego de que la diputada Pilar Cisneros, del Partido Progreso Social Democrático, insistiera en que el país no puede seguir postergando una legislación que endurezca las penas contra los asesinos a sueldo. Su llamado surge en un momento donde el Congreso mantiene en pausa un proyecto clave por una consulta planteada ante la Sala Constitucional.
Para Cisneros, el panorama no admite titubeos. La legisladora cuestionó directamente a quienes detuvieron la iniciativa que pretende castigar con 40 años de prisión a quienes ejecuten homicidios por encargo.
“Si los sicarios no tienen piedad con nadie, ¿por qué vamos a tener nosotros piedad con ellos? Es una plaga peligrosa”, afirmó con dureza.
La congresista sostiene que la amenaza del crimen organizado ya no distingue fronteras ni reputaciones internacionales. Recordó que países tradicionalmente seguros como Finlandia, Bélgica o los Países Bajos hoy sufren el embate del narcotráfico. Además, advirtió que América Latina y el Caribe continúan siendo la región donde más homicidios con arma de fuego se registran.
En sus palabras, “nuestras calles y barrios se tiñen de sangre y de muerte. Esta crisis de inseguridad requiere decisiones contundentes de los tres poderes de la República (…) pero aunque parezca mentira, hay quienes frenan una ley para sancionar el sicariato”.
Una propuesta detenida a medio camino
El proyecto que generó la controversia había recibido el visto bueno en primer debate hace una semana, con un respaldo mayoritario de 38 diputados. Solo Vanessa Castro (PUSC) y Gloria Navas —ahora independiente— votaron en contra y posteriormente se unieron al Frente Amplio y otros legisladores para elevar la iniciativa a consulta constitucional, lo que detuvo su avance.
La propuesta fue presentada por Nueva República, que originalmente buscó fijar la pena en 50 años, aunque esa opción no logró el acuerdo político necesario. Su jefe de fracción, Fabricio Alvarado, celebró el avance parcial. “Es un buen paso, no el que queríamos, porque para Nueva República la pena debería llegar a 50 años, pero ya es un avance llegar a 40 años”, afirmó.
Un país que cierra el gobierno Chaves con récords de violencia
El debate se da en un contexto nacional marcado por cifras sin precedentes. A menos de seis meses del fin de la administración de Rodrigo Chaves, la seguridad continúa siendo uno de los puntos más débiles del gobierno. La guerra territorial entre grupos narco ha dejado más de 3.200 asesinatos durante estos años.
Si la tendencia no cambia, el 2025 podría encaminarse hacia números similares —o incluso superiores— al récord de 907 homicidios registrado en 2023, el peor año documentado.
*Con información de La República.
