La diputada por Heredia del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley que plantea trasladar a la Asamblea Legislativa la elección de la persona que ocupe la Fiscalía General de la República y su suplencia.
La iniciativa fue presentada este 30 de junio bajo el expediente 25.634 y propone modificar el sistema actual, en el que el nombramiento corresponde a la Corte Plena mediante una votación pública y razonada.
El proyecto mantendría la realización de un concurso público para evaluar atestados, experiencia, capacidades e idoneidad de las personas aspirantes, pero trasladaría esa responsabilidad a la Comisión de Nombramientos del Congreso.
La elección final requeriría una mayoría calificada de las diputaciones presentes al momento de la votación.
La propuesta sostiene que el mecanismo vigente genera problemas de control democrático y plantea que la Fiscalía debe tener mayor exposición al escrutinio ciudadano.
“Dicho modelo ha generado, en ocasiones, un aislamiento institucional que distancia a la Fiscalía del escrutinio ciudadano», señala la exposición de motivos.
Proyecto también permitiría destituir al fiscal general
El texto presentado por Esquivel además establece que la Asamblea Legislativa podría destituir a la persona fiscal general y a quien ocupe la suplencia, siempre que se alcance una mayoría calificada.
La medida aplicaría ante situaciones como incumplimiento grave de deberes, una sentencia penal firme por delitos dolosos o contra la administración pública, incapacidad permanente para ejercer el cargo, actos de corrupción comprobados o un bajo desempeño reiterado.
En este último caso, el proyecto plantea que una destitución podría ocurrir luego del rechazo de dos informes anuales consecutivos por parte del Congreso, previo proceso de investigación.
Actualmente, la salida de la persona fiscal general requiere el voto de dos terceras partes de la totalidad de integrantes de la Corte Plena.
Cambios en requisitos e informe ante diputados
La iniciativa también propone modificar los requisitos para ocupar la Fiscalía General.
Entre los cambios se eliminaría la edad mínima de 35 años que actualmente se relaciona con las condiciones exigidas para magistraturas.
Además, establecería que las personas candidatas no hayan tenido afiliación política ni militancia en un partido durante los 10 años previos al nombramiento.
El proyecto mantendría la posibilidad de una única reelección por un período adicional.
Otro de los cambios sería obligar a quien ocupe la Fiscalía General a presentar un informe anual ante la Asamblea Legislativa con datos sobre persecución penal, investigaciones de corrupción, ejecución presupuestaria y cumplimiento de metas del Ministerio Público.
La propuesta también impediría que una persona que haya ejercido como fiscal general pueda aspirar a cargos de elección popular o ser nombrada ministra o viceministra durante los dos años posteriores a dejar el puesto.
