La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, elevó este viernes el tono de sus cuestionamientos contra el Poder Judicial al solicitar públicamente que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, y la magistrada Patricia Solano Castro consideren apartarse de las posiciones de liderazgo que actualmente ocupan dentro del sistema judicial.
Las declaraciones fueron emitidas durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno, donde la mandataria manifestó su preocupación por decisiones adoptadas por jueces y fiscales en casos relacionados con delincuencia organizada y seguridad pública.
Gobierno cuestiona actuación judicial en casos recientes
Uno de los hechos señalados por el Ejecutivo corresponde a una resolución judicial vinculada con presuntos integrantes de la banda conocida como “Los Maruja”.
Según la posición expuesta por el Gobierno, la jueza Ana Laura García Delgado no ordenó prisión preventiva para los sospechosos, una decisión que fue utilizada como ejemplo de lo que consideran deficiencias en el combate contra estructuras criminales.
La administración también puso sobre la mesa otro caso relacionado con el sistema penitenciario nacional.
Ministro de Justicia critica actuación de fiscales
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, informó que la Policía Penitenciaria detectó múltiples intentos de ingreso de dispositivos electrónicos a centros penales del país.
De acuerdo con los datos presentados, se decomisaron teléfonos celulares, cargadores y chips que pretendían ser introducidos de forma irregular a las cárceles.
El jerarca cuestionó que, pese a existir legislación que penaliza estas conductas, los casos no habrían sido tramitados como delitos y únicamente se aplicaron procedimientos administrativos.
Durante su intervención, Aguilar dirigió fuertes críticas al fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, señalando que la Fiscalía debería aplicar con mayor rigurosidad la normativa vigente.
Asimismo, recordó que la legislación que castiga el ingreso de celulares a centros penitenciarios fue aprobada hace aproximadamente un año y aseguró que su incumplimiento genera preocupación dentro del Ejecutivo.
Laura Fernández responsabiliza a la cúpula judicial
Tras escuchar los señalamientos del ministro, la presidenta respaldó públicamente las críticas y atribuyó responsabilidad a los principales líderes del Poder Judicial.
Fernández afirmó que existe frustración por el esfuerzo realizado por cuerpos policiales y autoridades de seguridad para detener a personas vinculadas con actividades criminales, cuando posteriormente algunas decisiones judiciales generan cuestionamientos por parte del Gobierno.
La mandataria aseguró que los máximos responsables del Poder Judicial deben asumir las consecuencias de lo que considera fallas en el sistema de justicia penal.
Presidenta plantea relevo en el liderazgo judicial
En uno de los momentos más contundentes de su intervención, Laura Fernández instó a Orlando Aguirre y Patricia Solano a valorar su continuidad al frente de las estructuras que dirigen.
La gobernante sostuvo que, si consideran que ya no pueden responder de manera efectiva a los desafíos actuales del país en materia de seguridad, deberían permitir que nuevas personas asuman esas responsabilidades.
Sus declaraciones representan uno de los cuestionamientos más directos realizados por el Poder Ejecutivo hacia la cúpula judicial durante los últimos años.
Pide intervención de la Asamblea Legislativa
La presidenta también hizo un llamado a los diputados para que ejerzan sus facultades de control político y convoquen a comparecer a las autoridades judiciales involucradas en los casos señalados.
Según indicó, la discusión sobre la actuación de jueces y fiscales debe darse de forma abierta y pública, especialmente en momentos en que la seguridad ciudadana continúa figurando entre las principales preocupaciones de los costarricenses.
El pronunciamiento de Laura Fernández abre un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, una confrontación que ha marcado buena parte del debate político nacional en torno al combate contra el crimen organizado y la respuesta institucional frente a la inseguridad.
