La candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, sorprendió este viernes con una de las declaraciones más contundentes de su campaña: estaría dispuesta a solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento de las garantías individuales si la crisis de inseguridad y narcotráfico en Costa Rica llegara a niveles extremos.
Durante la presentación de su plan de gobierno, Fernández señaló que el país enfrenta un desafío sin precedentes en materia de crimen organizado, lo que, a su criterio, exige acciones extraordinarias para “recuperar el control y garantizar la paz ciudadana”.
“Estoy dispuesta como futura presidente de Costa Rica en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en el sicariato o en delitos asociados al crimen organizado a solicitar a la Asamblea Legislativa restricción de levantamiento o suspensión de garantías individuales”, expresó la aspirante presidencial al referirse a su propuesta en materia de seguridad.
Sus palabras encendieron el debate público. Juristas y analistas políticos recordaron que la suspensión de garantías es una medida excepcional y constitucionalmente limitada, la cual solo puede aplicarse bajo un estado de excepción y con la autorización del Congreso, tal como lo establece la Constitución Política en sus artículos 121 inciso 7 y 140 inciso 6.
El planteamiento de Fernández surge en un contexto en el que la violencia y los homicidios ligados al narcotráfico se han convertido en una de las principales preocupaciones nacionales. Sin embargo, su propuesta también despierta interrogantes sobre los límites del poder presidencial y el equilibrio entre seguridad y derechos humanos.
*Video cortesía La Región.
