Con la mira puesta en uno de los temas que más preocupa a los costarricenses, la presidenta electa Laura Fernández dio a conocer este miércoles el equipo técnico que la acompañará en la construcción de reformas en seguridad y justicia.
El anuncio se realizó en conferencia de prensa, donde la futura mandataria aseguró que la prioridad será presentar propuestas sólidas y bien fundamentadas para enfrentar la creciente sensación de inseguridad y los desafíos estructurales del sistema judicial.
Fernández destacó que el grupo trabajará de manera ad honorem, es decir, sin remuneración, y que su aporte será estrictamente técnico y jurídico. “Necesitamos reformas serias, responsables y con sustento legal”, enfatizó durante su intervención.
Un equipo con experiencia legal
El equipo está conformado por los abogados Fabián Volio, Juan Diego Castro, Fabián Silva y Lourdes Echandi. Según explicó la presidenta electa, cada uno aportará su experiencia en distintas áreas del derecho para fortalecer la elaboración de iniciativas que eventualmente llegarían a la Asamblea Legislativa.
La intención es construir propuestas que no solo respondan al clamor ciudadano por mayor seguridad, sino que también sean viables dentro del marco constitucional costarricense.
Seguridad como eje central
El anuncio llega en un contexto en el que la seguridad pública se mantiene como una de las principales preocupaciones nacionales. El aumento de delitos vinculados al crimen organizado y el narcotráfico ha generado presión sobre el Ejecutivo para plantear reformas que permitan mayor eficacia en la persecución penal y la administración de justicia.
Fernández adelantó que el trabajo del equipo se centrará en revisar normativa vigente, proponer ajustes legales y analizar posibles reformas estructurales que fortalezcan tanto a las fuerzas de seguridad como al sistema judicial.
Retos por delante
Cualquier reforma en esta materia requerirá diálogo político y construcción de consensos en el Congreso, donde las propuestas deberán superar un proceso legislativo complejo. Además, las iniciativas deberán equilibrar la firmeza contra el delito con el respeto a las garantías constitucionales y los derechos fundamentales.
La presidenta electa subrayó que su objetivo no es improvisar, sino presentar proyectos técnicamente robustos desde el inicio de su gestión. Con este anuncio, marca una de las primeras líneas estratégicas de su futura administración, en un tema que sin duda seguirá ocupando el centro del debate nacional en los próximos meses.
