La expresidenta Laura Chinchilla Miranda alzó la voz este viernes para defender al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, quien enfrenta una denuncia que lo mantiene suspendido de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones.
Con tono firme y cargado de crítica política, la exmandataria expresó su solidaridad con Zúñiga y lanzó varias preguntas incómodas sobre el papel del Gobierno en este caso.
“No entiendo a quienes se regocijan con la situación que atraviesa el director del OIJ”, escribió Chinchilla, recordando que las acusaciones deben ser investigadas, pero sin perder de vista la trayectoria del funcionario.
La exmandataria reconoció la decisión de los magistrados de suspender al jerarca mientras se esclarecen los hechos, pero subrayó que Zúñiga ha sido un servidor ejemplar.
“Si bien ninguna denuncia se debe descartar y los magistrados hicieron bien en suspender para investigar, hablamos de uno de los mejores funcionarios públicos. De quien ha liderado con eficacia y pese a los obstáculos del gobierno, el combate al crimen organizado y a las pandillas locales”, sostuvo.
Sus declaraciones, difundidas en redes sociales, no pasaron desapercibidas. Chinchilla cuestionó el entusiasmo con que algunos sectores del Gobierno parecen seguir el caso, insinuando un trasfondo político detrás de la polémica.
“No sé ustedes, pero la ‘malicia indígena’ nos debe llamar a preguntarnos: ¿por qué tanta diligencia e involucramiento de funcionarios de gobierno en este caso, cuando se trata del mayor justiciero de los criminales del país?”, escribió la exjefa de Estado.
Y fue aún más directa al señalar la actitud de los medios afines al Ejecutivo:
“¿Por qué el canal oficial del gobierno —que no es el 13— luce tan entusiasmado con el caso, cuando se trata de quien ha logrado neutralizar valerosamente a varios criminales que azotan al país?”, cuestionó.
Las palabras de Chinchilla se suman al creciente debate político que rodea la situación de Zúñiga, un funcionario que ha sido figura clave en la lucha contra el crimen organizado y cuya suspensión ha despertado reacciones encontradas tanto en el Poder Judicial como en la arena política.
