Laura Chinchilla recomienda cinco medidas para mejorar la seguridad ciudadana
“Devolver la seguridad a los ciudadanos sin sacrificar nuestro modelo de seguridad democrático, es posible”, manifestó la expresidenta.
Redacción
Publicado: enero 24, 2023
Por medio de un artículo de opinión publicado en el periódico La Nación titulado “Una ruta para la seguridad ciudadana”, la expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), recomendó cinco medidas para mejorar la seguridad ciudadana en el país.
La exmandataria hizo un recuento de los homicidios en Costa Rica en 2022 que alcanzaron la cifra de 638, 50 más que los acontecidos en el año 2021.
También señaló que las cifras de delitos como la extorsión y el secuestro son alarmantes, lo que ha llevado a que un 65 % de la población considere que el país es “poco o nada seguro”.
“Las estadísticas oficiales confirman que después de la caída en el índice de homicidios que logramos durante mi administración, entre el 2011 y el 2014, la tendencia fue el crecimiento. El país pasó de una tasa de 8,7 homicidios por 100.000 habitantes en el 2013 a 12,2 en el 2022, un incremento del 40 %”, explicó Chinchilla.
La también exdiputada hizo una lista de cinco medidas que considera deben ser la ruta a seguir para mejorar la seguridad del país:
Formular una estrategia integral basada en evidencia, con participación interinstitucional y movilización social y comunitaria.
Sin una hoja de ruta que establezca objetivos claros, metas con indicadores medibles y que movilice a instituciones claves, sectores y comunidades, la lucha contra la criminalidad violenta no se ganará. La estrategia es actuar sobre los principales factores de riesgo, mediante acciones de prevención, control y sanción, prioritariamente en las zonas de mayor incidencia delictiva.
Reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Pública como órgano máximo de coordinación interinstitucional.
La seguridad debe ser una política de Estado, coordinada al más alto nivel y las acciones que se requieren provienen de diversos frentes: del Poder Ejecutivo, en materia de prevención social, actuación policial y política carcelaria; del Poder Judicial, en lo referente a sanción penal y combate a la impunidad; y del Poder Legislativo promulgando legislación, especialmente en materia de crimen organizado, y ejerciendo un férreo control político sobre los recursos públicos y la actuación policial. Es ahí donde corresponde plantear las diferencias, no en las conferencias de prensa.
Mejorar la asignación de recursos financieros, humanos y tecnológicos a los cuerpos de seguridad y exigirles resultados y rendición de cuentas.
Al Poder Ejecutivo le corresponde establecer las prioridades de gasto e inversión, principalmente, en momentos fiscalmente complejos. Me correspondió gobernar en época de estrechez fiscal, lo que nos llevó a impulsar y conseguir la aprobación de un impuesto sobre las personas jurídicas y otro sobre los casinos para financiar la seguridad; sin embargo, el Ministerio de Hacienda está asignando apenas cerca del 30 % de lo que se recauda y la inversión en el sector sigue disminuyendo.
Actuar sobre los principales factores de riesgo detrás de la violencia criminal, en especial, las armas de fuego y el crimen organizado.
Cerca del 70 % de los crímenes violentos se cometen con armas de fuego y alrededor del 60 % provienen de enfrentamientos entre bandas criminales. Con respecto a las armas, se deben intensificar las campañas de desarme voluntario y destrucción, así como los operativos de control e incautación de armamento ilegal.
En materia de crimen organizado, lejos de avanzar, hemos retrocedido, dada la derogación en el 2019 de unos artículos de la Ley Contra la Delincuencia Organizada (n.° 8754) que me correspondió presentar e impulsar como ministra de Justica; además, se postergó durante cinco años la entrada en operación de la jurisdicción especial contra el crimen organizado, aduciendo carencia de recursos, y sigue empantanada la discusión sobre la extinción de dominio.
Falta de liderazgo político y coordinación es lo que caracteriza la lucha contra la criminalidad organizada, la mayor amenaza a la seguridad y estabilidad del país. Policías, fiscales y jueces están urgidos de respaldo político, herramientas jurídicas y recursos materiales y financieros.
Movilizar a las instituciones del sector social, en asocio con las comunidades y los gobiernos locales para la prevención.
Hay que actuar preventivamente en las condiciones que afectan a los sectores más vulnerables y más expuestos a la influencia de las redes criminales, especialmente a los jóvenes, quienes constituyen la mayor parte de las víctimas de homicidio y engrosan la población carcelaria.
