Gobierno habría negociado ‘objeción de conciencia’ a cambio de votos fabricistas en Ley de Empleo Público
Con tal de tener sus 6 votos, gobierno permitiría que empleados públicos falten a cualquier capacitación cuando gusten con solo alegar que “va contra sus valores y moral”
Dylan Gomez
Publicado: mayo 3, 2021
Una de las mociones que más ha causado polémica alrededor del proyecto de Ley de Empleo Público que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa es la “objeción de conciencia” impulsada por los diputados independientes afines a Fabricio Alvarado, así como otros sectores conservadores del plenario.
La moción fue aprobada e incluida en el proyecto por parte de los diputados y las distintas mociones para quitar esta medida fue rechazada por mayoría en el congreso ante el repudio de distintos movimientos inclusivos y pro derechos humanos.
Gobierno lo permitió a cambio de votos
La diputada oficialista, Paola Vega, fue quien dio a conocer lo que habría sucedido para que el gobierno se mostrase tan complaciente con esta moción, pues asegura que la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, se encargó de negociar la polémica moción a cambio de tener los votos del bloque fabricista a favor del proyecto de Ley en cuestión.
“La ministra Pilar Garrido fue quien negoció esta cláusula de objeción de conciencia con Nueva República, ella se extralimitó. La objeción de conciencia nunca debió ser objeto de negociación. Porque, además, no solamente pone en la negociación temas de derechos humanos que no deberían serlo (negociables), sino que mete un tema que no tiene absolutamente nada que ver con la materia que estaba regulando la ley”, expresó Vega al medio Seminario Universidad.
¿De qué trata la moción?
La moción de objeción de conciencia le da la potestad a absolutamente todos los empleados públicos de faltar y ausentarse a cualquier entrenamiento o capacitación que ellos gusten con simplemente argumentar que “atenta” contra su posición ideológica, moral o religiosa.
La moción no es especifica sobre los procedimientos por lo que no se les puede exigir mayor justificación a quienes no quieran ser capacitados, así que no existe ningún parámetro para determinar si la materia de la que será objetivo la capacitación realmente les afecta.
Jonathan Prendas, principal impulsor de los fabricista, argumenta que esta moción protege a las personas que no quieran recibir capacitaciones sobre derechos humanos de la comunidad LGTBIQ y otros temas que califica de “adoctrinamiento ideológico.
