El diputado del Frente Amplio y precandidato presidencial, Ariel Robles Barrantes, lanzó duras críticas contra los siete altos funcionarios del Gobierno que renunciaron este miércoles para buscar una diputación bajo el partido Pueblo Soberano. Para Robles, estas salidas no son un simple trámite electoral, sino un acto de oportunismo político que debería tener consecuencias legales.
“Qué cosa tan curiosa la gente que renunció hoy. De verdad, que si habláramos de temas de trabajadores, a esos sí había que despedirlos, a esos sí había que echarlos”, disparó Robles, cuestionando la facilidad con la que los jerarcas cambian de puesto mientras el resto de la población enfrenta despidos sin contemplaciones.
El frenteamplista también apuntó directamente a varios exfuncionarios, recordando sus gestiones más polémicas:
“El presidente ejecutivo del AyA, famoso por comprarse un carro de lujo; el ministro de Hacienda, famoso por recortar programas sociales; la ministra de Planificación, famosa por los chorizos en la Caja Costarricense de Seguro Social”, enumeró con ironía.
La lista de exjerarcas que presentaron su renuncia incluye a:
Stephan Brunner, vicepresidente de la República
Nogui Acosta, ministro de Hacienda
Marta Esquivel, ministra de Planificación
Ángela Mata, ministra de Vivienda
Cindy Quesada, ministra de la Condición de la Mujer
Esmeralda Britton, presidenta de la Junta de Protección Social
Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo del AyA
Robles no se quedó ahí. Fue más allá al pedir que la Fiscalía General actúe con firmeza, especialmente contra Marta Esquivel, a quien señaló como una de las figuras más cuestionadas de la administración.
“Yo espero que la Fiscalía le ponga una medida cautelar para que no pueda ir a un proceso electoral, porque es un desfalco al pueblo. Que el fiscal le pida una medida cautelar, porque Marta no puede ir a ocupar ningún puesto político hasta que se aclare si es una corrupta o no”, afirmó.
El diputado recalcó que permitir a estos exjerarcas postularse a un cargo de elección popular sería darle la espalda a la rendición de cuentas. Según su criterio, estas candidaturas buscan blindarse con la inmunidad parlamentaria para evadir responsabilidades judiciales.
