La diputada electa Claudia Dobles expresó su inconformidad con el reciente nombramiento de Laura Fernández como ministra de la Presidencia, una designación que se hará efectiva meses antes de que asuma formalmente la Presidencia de la República, prevista para el 8 de mayo de 2026. Para Dobles, la decisión no solo resulta innecesaria desde el punto de vista administrativo, sino que también envía un mensaje político problemático.
Según la legisladora, una transición ordenada entre gobiernos no depende de que la futura mandataria ocupe un cargo dentro del gabinete saliente. A su juicio, existen mecanismos institucionales suficientes para coordinar el traspaso de poderes de manera clara, técnica y eficiente, sin alterar los roles políticos ni generar confusión sobre quién ejerce realmente el liderazgo del Ejecutivo.
“No es indispensable asumir una cartera ministerial para garantizar una buena transición”, sostuvo Dobles, al recalcar que el país cuenta con experiencia en procesos de cambio de gobierno que se han desarrollado sin este tipo de nombramientos anticipados.
El peso simbólico del cargo
Más allá de lo operativo, la diputada puso el acento en el simbolismo político de la decisión. Desde su perspectiva, aceptar un puesto dentro del gabinete actual coloca a la futura presidenta en una relación de subordinación frente al mandatario saliente, algo que considera contradictorio con el mandato ciudadano ya otorgado en las urnas.
Dobles advirtió que este tipo de gestos puede debilitar la imagen de liderazgo de Fernández en un momento clave, cuando debería consolidarse como la figura central del próximo gobierno y marcar distancia institucional con la administración que está por concluir.
“Hay un mensaje implícito que no se puede ignorar: asumir un rol bajo la autoridad del presidente actual puede interpretarse como una disminución de la autonomía política de quien ya fue electa para gobernar”, señaló.
Transición entre gobiernos del mismo partido
La diputada también recordó que, tratándose de una transición entre gobiernos del mismo partido, el nombramiento resulta aún menos justificable. En ese contexto, afirmó, la coordinación política y administrativa debería fluir de manera natural, sin necesidad de recurrir a fórmulas que puedan generar cuestionamientos sobre jerarquías y liderazgos.
A criterio de Dobles, lejos de fortalecer el proceso de cambio de administración, la designación introduce un elemento innecesario de tensión política y abre un debate que podría haberse evitado.
El señalamiento se suma a una discusión más amplia sobre los límites, las formas y los símbolos que rodean los procesos de transición presidencial en Costa Rica, un país que históricamente ha cuidado la claridad institucional y la separación de roles entre gobiernos entrantes y salientes. En ese escenario, las críticas de Dobles apuntan a una preocupación central: preservar la autoridad política de quien fue electa para dirigir el país a partir de mayo del próximo año.
