Chaves propone referéndum para que Poder Judicial no decida sobre sus salarios ni pensiones de lujo
El candidato presidencial asegura que es “inaudito” que jueces y magistrados tengan ese poder sobre las pensiones de lujo y hasta asignarse su propio salario
Dylan Gomez
Publicado: noviembre 17, 2021
A lo largo de muchos años se ha criticado la situación privilegiada con la que cuenta una numerosa minoría en nuestro país que se han acogido a una millonaria pensión tras su jubilación para la cual no cotizaron tal cantidad mientras laboraban y cuyos fondos provienen de todos los costarricenses que no gozan de ese beneficio.
Una de las múltiples trabas que han recibido las iniciativas para frenar este abuso es que la Sala Constitucional es la encargada de autorizar o no que se establezcan límites o tributos a estas pensiones y muchas de las mismas son del mismo Poder Judicial.
Al ser un tema relacionado directamente con ellos y hasta con su remuneración, los magistrados se inhiben de dar un criterio por lo que entrarían en actuación sus sustitutos, quienes también se inhiben por lo que los titulares terminan teniendo la decisión finalmente.
¿Cómo hacer que el Poder Judicial no decida sobre sus remuneraciones?
Por estos motivos el candidato presidencial del Partido Progreso Social Democrático, Rodrigo Chaves, asegura que promoverá la convocatoria de un referendum para que el Poder Judicial no pueda decidir ni tener inferencia con proyectos o iniciativas que les afecten directamente o con los que tengan relación y más bien sean consejos o la misma Asamblea quienes decidan.
Chaves asegura que, en conversaciones con políticos de otros países, estos se asombran de que en Costa Rica los mismos jueces y magistrados tengan la potestad de asignarse su salario y hasta decidir sobre sus pensiones, muchas de las cuales son mayores a los ¢3 millones mensuales, consideradas así como “de lujo”.
El candidato presidencial confía en que la periodista Pilar Cisneros, candidata a diputada en primer lugar por la provincia de San José, sea quien haga el trámite e impulse desde la Asamblea Legislativa las 150 mil firmas necesarias para llevar adelante la reforma constitucional correspondiente.
