Tras la muerte de un colegial apuñalado en Liberia la semana anterior, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo, presentó un proyecto de ley pretende castigar hasta con un año de prisión a quienes, siendo testigos de un menor de edad en peligro grave, decidan no auxiliarlo.
La propuesta, que se tramitará bajo el expediente 25.447, consiste en una reforma al Código Penal. El objetivo es establecer como una obligación legal que cualquier adulto que encuentre a un menor «perdido, desamparada, herido o siendo víctima de cualquier tipo de violencia» le brinde ayuda inmediata. De no hacerlo, la persona se expondría inicialmente a sanciones económicas, pero el castigo escalaría a pena de cárcel si la omisión deriva en daños graves o la muerte del menor.
“Es evidente y notorio cómo en muchísimas ocasiones circulan en redes sociales casos de violencia contra menores… y que en la mayoría de los casos, lejos de ayudar, buscan hacer burla o hasta grabar lo sucedido”, justificó Carballo. La legisladora calificó este comportamiento de «absolutamente reprochable» y señaló que la ley debe actuar para proteger el Interés Superior del Niño ante la pasividad de los espectadores.
Además del auxilio físico, la reforma exige que se dé aviso inmediato a las autoridades competentes, como la Fuerza Pública o el Patronato Nacional de la Infancia (PANI). La pena de un mes a un año de prisión se aplicaría cuando un juez determine una «especial gravedad» en la omisión, especialmente si el menor sufre consecuencias físicas, emocionales o materiales severas por la falta de intervención.
Esta iniciativa surge en un momento de alta sensibilidad social, donde la violencia en centros educativos y espacios públicos ha puesto en duda la capacidad de respuesta de los adultos presentes. Con esta ley, la omisión de auxilio dejaría de ser una falta ética para convertirse en un delito penado con privación de libertad.
*Con información de Telenoticias.
