Viceministro que firmó decreto UPAD no quiso dar declaraciones a los diputados
Estas fueron las razones con las que se justificó Luis Daniel Soto, tras presentar su renuncia este martes
Dylan Gomez
Publicado: marzo 4, 2020
El terremoto que ha sacudido a Casa Presidencial desde el pasado viernes tras la divulgación de un decreto con el que se creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) sigue trayendo consecuencias de todo tipo, luego de que iniciasen investigaciones penales en contra del Presidente de la República, Carlos Alvarado, por parte de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría de los Habitantes.
La Comisión Especial en la Asamblea Legislativa que investiga todo el caso de la UPAD llamó al vice ministro de Planificación, Luis Daniel Soto, a comparecer este miércoles en horas de la tarde, luego de que él fuese una de las cabezas que habrían ideado polémico decreto para la creación de este equipo que habría utilizado información sensible de los costarricenses, además de también haberlo firmado según se constata en el Diario Oficial La Gaceta.
Soto guarda silencio tras renuncia
Sin embargo, Soto se abstuvo de declarar su versión de los hechos y atender las preguntas de los legisladores esta noche, alegando que fue la recomendación de su abogado por motivo de las investigaciones comenzadas por la Fiscalía General de la República y los allanamientos que se hicieron pasado viernes y sábado, incluyendo en Casa Presidencial.
Cabe destacar que Soto presentó su renuncia la noche de este martes por el caso UPAD, pero dejando sus funciones hasta el primero de abril del presente año. Ante esa situación, el vice ministro fue cuestionado sobre si renunciaría de inmediato y, tras más de una hora de no responder preguntas, dijo que está “dispuesto a reconsiderarlo”.
Las investigaciones de la Fiscalía continúan su curso, poniendo el caso UPAD como prioritario debido al tiempo de prescripción, en el cual también se le investiga al Presidente Carlos Alvarado y a otras varias personas por los delitos de abuso de poder, peculado y manejo ilegal de información sensible.
