Costa Rica avanza hacia un cambio profundo en su sistema penitenciario con la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad, un proyecto que toma como referencia el modelo aplicado en El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele. Aunque el Gobierno insiste en que no se trata de una copia de la megacárcel salvadoreña, sí reconoce que la experiencia del país vecino ha influido de forma directa en el diseño y enfoque del nuevo centro.
El proyecto, denominado Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (Cacco), fue puesto en marcha esta semana por la administración de Rodrigo Chaves y busca responder a dos problemas que se han agudizado en los últimos años: el hacinamiento carcelario y el avance del crimen organizado.
Cooperación regional y una visita que generó ruido político
La iniciativa se enmarca en una cooperación más amplia entre Costa Rica y El Salvador en materia de seguridad penitenciaria. Como parte de ese acercamiento, Bukele visitó San José para participar en el acto simbólico de colocación de la primera piedra del proyecto.
La presencia del mandatario salvadoreño, sin embargo, desató críticas de sectores políticos que cuestionaron la oportunidad de la visita en plena campaña electoral. El Tribunal Supremo de Elecciones recordó que figuras extranjeras no pueden involucrarse en procesos políticos internos, aunque el Gobierno defendió el carácter técnico e institucional del encuentro.
Bukele fue recibido por la vicepresidenta Mary Munive y el canciller Arnoldo André Tinoco.
Cómo será la nueva cárcel de alta seguridad
El Cacco tendrá capacidad para 5.100 personas privadas de libertad, distribuidas en cinco módulos independientes, lo que permitirá una mejor clasificación de los internos según su nivel de peligrosidad y tipo de delito.
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, explicó que la asesoría técnica salvadoreña permitió replantear el proyecto y reducir significativamente su costo. La inversión final rondará los US$35 millones, muy por debajo de los US$60 millones inicialmente proyectados.
La obra se financiará con recursos del presupuesto nacional, sin endeudamiento externo, y el Gobierno estima que estará lista en el año 2026.
Un sistema penitenciario al límite
La construcción de una nueva prisión responde a una realidad que las autoridades califican como insostenible. El sistema penitenciario costarricense arrastra décadas de rezago en infraestructura, mientras la población carcelaria no ha dejado de crecer.
Datos oficiales indican que en 2025 las cárceles del país albergaban 18.061 reclusos, frente a los 14.907 registrados en 2022, lo que representa un hacinamiento superior al 34 %. Muchos centros tienen más de dos décadas de funcionamiento y no cumplen con estándares modernos de seguridad.
Campos ha advertido que la falta de espacios adecuados ha provocado una mezcla peligrosa de perfiles delictivos, donde personas condenadas por delitos menores conviven con internos de alta peligrosidad.
Violencia y crimen organizado en el trasfondo
El contexto de seguridad también pesa en la decisión del Ejecutivo. En 2025, Costa Rica registró 873 homicidios, con una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas en la historia reciente del país, según el OIJ.
A esto se suma la presencia de estructuras criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, que han incrementado la presión sobre el sistema judicial y penitenciario.
Inspiración salvadoreña, adaptación costarricense
La cooperación con El Salvador comenzó meses atrás, cuando una delegación encabezada por el ministro Campos visitó varias prisiones, incluido el Cecot, con capacidad para 40.000 reclusos. Esa experiencia permitió replantear el alcance del proyecto nacional.
Gracias a ese intercambio, Costa Rica pasó de proyectar una cárcel para 900 personas con un costo elevado, a diseñar un centro para más de 5.000 internos con una inversión considerablemente menor.
Entre los elementos que se incorporarán destacan el diseño modular, altos niveles de control estructural y un sistema integral de videovigilancia para garantizar trazabilidad y supervisión constante.
Derechos humanos y límites del modelo
El Cecot ha sido duramente cuestionado por organismos de derechos humanos debido a las condiciones de reclusión bajo el régimen de excepción salvadoreño. Ante estas críticas, el Gobierno costarricense ha sido enfático en marcar distancia.
Las autoridades aseguran que el Cacco operará bajo la legislación vigente, con acceso a luz solar, espacios de recreación y respeto a los derechos fundamentales de los privados de libertad, sin necesidad de reformas legales extraordinarias.
“Se trata de modernizar el sistema penitenciario sin sacrificar el marco democrático y jurídico del país”, ha señalado el ministro Campos.
