Un nuevo proyecto de ley castiga por cinco años el robo de electricidad
Propuesta legislativa en el Congreso busca endurecer las penas por robo de electricidad
En un esfuerzo por combatir el robo de electricidad, el Congreso está avanzando en la discusión de la ley 23.935, una iniciativa respaldada por la diputada oficialista Pilar Cisneros. Este proyecto busca imponer penas de hasta cinco años de prisión a quienes se conecten ilegalmente al alumbrado público para obtener energía.
El nuevo marco legal no solo se enfoca en quienes “se guinden” de la red de alumbrado, sino que también establece sanciones severas para una variedad de delitos relacionados con el robo de energía. Por ejemplo, se prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión para aquellos que causen daño al Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica mediante manipulaciones ilegales.
Las sanciones aumentan en severidad según la naturaleza del delito. Quienes realicen conexiones directas en la red de baja tensión enfrentan penas de uno a tres años, mientras que aquellos que utilicen la fuerza o violencia para apoderarse de energía podrían ser condenados a tres a cinco años de cárcel. La ley también aborda delitos como la alteración de sellos, manipulación de medidores y el uso de dispositivos fraudulentos que distorsionen el consumo real de energía.
Además, las penas podrían incrementarse en un tercio si las acciones ilegales ponen en riesgo la vida o la salud de las personas. El proyecto contempla un enfoque especial para funcionarios públicos o miembros de estructuras de crimen organizado, quienes recibirían sanciones más severas si generan interrupciones en el suministro eléctrico.
Asimismo, se establecerían penas de uno a tres años para aquellos que amenacen o coaccionen a otros con el fin de impedir la denuncia o investigación de estos actos delictivos. Esta iniciativa busca no solo castigar el robo de electricidad, sino también proteger la integridad del sistema eléctrico y la seguridad de los ciudadanos.