En medio de una creciente presión financiera, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) plantea un giro en la forma en que se financia el sistema de salud. La institución analiza aplicar nuevos impuestos o aumentar los existentes como parte de una estrategia para evitar un deterioro mayor en la atención médica del país.
La discusión surge tras la aprobación de una política de sostenibilidad que proyecta el futuro del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) hasta el año 2033, en un contexto donde los recursos actuales ya no alcanzan.
El faltante que pone en jaque la atención
El problema no es menor. La brecha entre lo que el Estado aporta y lo que realmente necesita la CCSS es considerable, y ya está impactando a cientos de miles de personas.
Alrededor de 420.000 habitantes en condición vulnerable dependen directamente de este seguro, pero los recursos asignados para el 2026 están muy por debajo de lo requerido para sostener los servicios con normalidad.
Este desbalance financiero obliga a tomar decisiones de fondo: o se aumentan los ingresos o se compromete la capacidad del sistema.
Dos propuestas que podrían cambiar el consumo en Costa Rica
Dentro de las alternativas que se analizan, una apunta directamente al bolsillo de los consumidores: gravar productos asociados a dietas poco saludables.
La idea consiste en aplicar impuestos a comidas rápidas, bebidas azucaradas y productos con alto contenido calórico. Este tipo de medidas ya se ha implementado en otros países con un doble objetivo: recaudar fondos y reducir enfermedades vinculadas a la alimentación.
Sin embargo, la propia experiencia nacional genera dudas. Impuestos similares, como el aplicado al tabaco, han perdido fuerza con el tiempo debido a la reducción en el consumo, lo que limita su capacidad recaudatoria.
La opción más directa: subir el IVA
Frente a ese panorama, surge una alternativa más contundente: aumentar el Impuesto al Valor Agregado del 13% al 15% y destinar ese incremento directamente a la CCSS.
Esta medida permitiría una recaudación más constante y significativa, con la meta de cubrir una parte importante del déficit anual del sistema de salud.
No obstante, implicaría un impacto generalizado en el costo de vida, ya que afectaría la mayoría de bienes y servicios en el país.
El trasfondo del problema está en el diseño mismo del sistema. Costa Rica adoptó un modelo basado en cotizaciones laborales, pensado para una economía con altos niveles de empleo formal.
Hoy la realidad es distinta. La informalidad ha crecido y cada vez menos personas contribuyen regularmente al sistema, lo que reduce los ingresos y aumenta la presión sobre las finanzas de la CCSS.
Ante este escenario, especialistas coinciden en que el país deberá avanzar hacia esquemas mixtos, donde los impuestos tengan un rol más relevante en el sostenimiento de la salud pública.
Decisión pasa por la Asamblea Legislativa
Cualquier cambio en impuestos deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, lo que anticipa un debate político intenso en los próximos meses.
Además, el papel del Ministerio de Hacienda de Costa Rica será clave, tanto en la definición de la estrategia fiscal como en el cumplimiento de los aportes estatales al sistema.
Por ahora, la discusión apenas comienza, pero deja claro que el financiamiento de la salud pública en Costa Rica entró en una etapa crítica que obligará a tomar decisiones de alto impacto.
