Seguridad evalúa presupuesto para armas automáticas en 2025
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El Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica aún no ha incluido un presupuesto específico para la compra de armas automáticas en su propuesta de 2025, pese a que el Gobierno autorizó recientemente su uso en el combate al crimen organizado. La decisión definitiva dependerá de un estudio técnico que está en desarrollo, el cual determinará el tipo de armamento adecuado para los cuerpos policiales.
Según Mario Zamora, ministro de Seguridad Pública, la Dirección de Fuerza Pública se encuentra actualmente realizando un análisis técnico para determinar las características del armamento más idóneo para el cumplimiento de sus funciones en la lucha contra el crimen. El objetivo es asegurar que los equipos adquiridos cumplan con las necesidades operativas de las fuerzas policiales, especialmente ante el incremento de amenazas vinculadas al crimen organizado.
Zamora aclaró que hasta que finalice el estudio técnico, no se dará inicio a los procesos de compra. “La adquisición se efectuará conforme a los tiempos establecidos por la Ley de Contratación Pública, que determina los procedimientos para la compra pública de armamento,” mencionó el ministro en una entrevista.
En la propuesta presupuestaria de 2025 presentada por el Ministerio, solo se contemplan fondos para la compra de municiones y cajas de seguridad. Esto se debe a que el decreto que permite el uso de armas automáticas se emitió después de que la propuesta inicial ya había sido elaborada y enviada para su revisión.
“El hecho de que no haya un rubro ahora en el presupuesto no significa que no se pueda realizar la compra en 2025. Existen mecanismos que permiten hacer ajustes en los rubros presupuestarios para cubrir nuevas adquisiciones,” explicó Zamora, indicando que se evaluarán opciones para reasignar fondos de otras áreas si es necesario.
Según el artículo 161 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos de Costa Rica, las armas decomisadas a delincuentes pueden, bajo ciertas condiciones, ser utilizadas por las fuerzas policiales. Mario Zamora detalló que las armas confiscadas pasan por un proceso de revisión para evaluar su estado y determinar si son aptas para el uso policial. Aquellas que no cumplen con los requisitos de seguridad son destruidas.
En años recientes, el número de armas decomisadas ha aumentado significativamente, con 34 armas de alto calibre incautadas en 2021, 86 en 2023 y 25 hasta la fecha en 2024. Este incremento pone de manifiesto el crecimiento de la actividad criminal en el país y la necesidad de contar con equipos de defensa eficaces.