Sala IV declara inconstitucional proyecto de ley “Jaguar”
La Sala Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucionales varios artículos del expediente legislativo 24.364, conocido como la “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”. La Sala IV identificó vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados:
Artículo 2: Por mayoría, el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvar parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.
Artículo 3: Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos «sustituir» y «abarcar», en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.
Artículo 4: Declarado inconstitucional unánimemente, aunque con razones diferentes por parte de los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y Garro Vargas.
Artículo 5: Declarado inconstitucional en su totalidad por mayoría, los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.
El pasado 5 de junio, el presidente Rodrigo Chaves presentó en el Congreso el expediente del proyecto de ley, que propone reformas a las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), así como cambios en los procesos de contratación y compras del Estado, y el fortalecimiento de las capacidades de ejecución de Japdeva.
Tanto la CGR como los diputados de la oposición han criticado la iniciativa, argumentando que busca debilitar los controles sobre las contrataciones públicas.