Por segunda vez en menos de un año, la Asamblea Legislativa cerró la puerta a un proceso que habría permitido investigar formalmente al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. El plenario no alcanzó la mayoría calificada necesaria para levantarle la inmunidad, requisito indispensable para que el mandatario enfrente un eventual juicio durante el ejercicio de su cargo.
La votación, realizada este martes, dejó en evidencia la profunda división política que atraviesa el Congreso. Un total de 35 diputados respaldaron la solicitud de desafuero impulsada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), mientras que 21 legisladores se opusieron. La cifra quedó a tres votos del mínimo de 38 exigidos por la Constitución para autorizar el levantamiento del fuero presidencial.
El origen del proceso
La petición del TSE se fundamentó en una investigación administrativa en la que se señala que el presidente habría utilizado su investidura de forma indebida para favorecer un proyecto político con miras a las elecciones nacionales de febrero de 2026. Según el órgano electoral, esa conducta podría constituir una violación al principio de neutralidad política que rige para las autoridades del Poder Ejecutivo.
Tras conocerse el resultado de la votación, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, afirmó que no se configuraron los elementos suficientes para proceder con una medida de tal magnitud, subrayando que el estándar requerido para levantar la inmunidad es especialmente alto.
Reacciones encontradas
Desde el Poder Ejecutivo, el mandatario reaccionó con un discurso confrontativo. Chaves agradeció públicamente a los diputados que votaron en contra del desafuero y arremetió contra quienes apoyaron la iniciativa, a quienes acusó de prestarse a maniobras políticas que, a su juicio, dañan la institucionalidad democrática.
En el otro extremo, legisladores de oposición insistieron en la gravedad de los señalamientos. La diputada Alejandra Larios sostuvo que el uso de recursos públicos con fines electorales, de comprobarse, representaría una falta seria al ordenamiento jurídico, recordando que la legislación costarricense prohíbe expresamente al presidente involucrarse en campañas políticas.
No obstante, voces como la de la diputada María Marta Carballo defendieron la permanencia del fuero, argumentando que retirarlo por un proceso de naturaleza no penal podría sentar un precedente riesgoso para la estabilidad democrática del país.
Un caso suspendido, no cerrado
Aunque la votación impide avanzar con el proceso en este momento, el Tribunal Supremo de Elecciones fue enfático en señalar que el expediente no queda archivado, sino únicamente suspendido. Las eventuales responsabilidades del presidente Chaves podrían retomarse una vez que concluya su mandato, en mayo próximo.
Este episodio se suma a un antecedente cercano. En setiembre pasado, el Congreso ya había rechazado levantar la inmunidad presidencial en una causa relacionada con una presunta contratación irregular de servicios de comunicación para Casa Presidencial. En ambos casos, el mandatario logró mantenerse en el cargo gracias al respaldo de una minoría decisiva.
Impacto político y lectura internacional
El caso ha generado atención más allá de las fronteras nacionales. Semanas atrás, el congresista estadounidense Mario Díaz-Balart advirtió que un eventual proceso de destitución a pocos meses de unas elecciones podría afectar la percepción de estabilidad democrática de Costa Rica.
Mientras tanto, analistas políticos coinciden en que los tiempos legislativos y judiciales hacen poco probable que cualquier proceso contra el presidente avance antes del final de su administración. Sin embargo, la reiteración de intentos de desafuero marca un hecho inédito en la historia reciente del país y deja en evidencia un clima político tenso, polarizado y con profundas consecuencias de cara al próximo proceso electoral.
