Restauradora le pide a Hacienda que no les cobren tanto impuesto de renta a los diputados
Con la solicitud de Floria Segreda, el país dejaría de recibir casi ¢12 millones al mes
Las implicaciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada a finales del año anterior siguen llegando, ahora por temas de los nuevos rubros con los que se cobra el impuesto de renta a aquellas personas asalariadas que perciben más de ¢799 mil cada mes, ya que se cobrará mayor impuesto a aquellas personas que reciban un mayor salario.
Sin embargo la diputada del Partido Restauración Nacional, Floria Segreda, se encuentra disgustada con la metodología en la que se le cobra este impuesto a los legisladores y ya ha iniciado todo un proceso para que disminuya la cantidad que se les deduce cada mes por concepto de impuesto de renta y que colaboran con las arcas del estado.
Dietas + gastos de representación = salario … o no?
Entendiendo que el salario de un diputado tiene dos rubros: dietas (participaciones en el plenario) y los gastos de representación, Segreda alega que solo les deberían de rebajar este impuesto por las dietas, no así por los gastos de representación. Todos los diputados reciben hasta ¢2.956.598 por concepto de dietas y ¢1.044.116 por los gastos de representación y para el Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa lo considera todo junto como salario.
La suma de ambas cantidades forman los famosos ¢4 millones de salario mensual y lo colocan en la escala del impuesto de renta en las que se le cobra 20% de su remuneración como impuesto de renta, lo que para ellos representa ¢540.000 que se destinan a las arcas públicas.
Pese a que desde la Asamblea le han indicado a Segreda que su reclamo no es procedente, ella decidió escalarlo al Departamento de Tributación del Ministerio de Hacienda para que ellos resuelvan el caso, pues la restauradora considera que ellos no “reciben un salario, reciben dietas” y que no les deberían de pedir impuestos por los gastos de representación.
Gran pérdida para el país
Si la solicitud de Segreda prospera, el país dejará de percibir ¢11.970.000 cada mes por el impuesto de renta de los legisladores y aunque no parezca un monto muy significativo para la hacienda pública, es un dinero que el país no se puede dar el lujo de perder.