El precandidato del Partido Liberación Nacional, Marvin Taylor, presentó esta mañana una denuncia formal ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de sedición y propaganda contra el orden constitucional. La acción responde a la reciente colocación de vallas publicitarias que exigen la renuncia de figuras clave de los poderes públicos, incluyendo al Presidente de la Asamblea Legislativa, la Contralora General, el Fiscal General y el Presidente del Poder Judicial.
Las controvertidas vallas, que destacan la palabra “RENUNCIEN” en letras rojas junto a las imágenes de los jerarcas, han generado un intenso debate público. Según Taylor, estos mensajes van más allá de una simple manifestación de descontento ciudadano y constituyen un atentado contra el orden democrático. “No es solo una expresión de opinión, estas acciones podrían encuadrarse en los delitos de rebelión y propaganda contra el orden constitucional según los artículos 301, 302 y 303 del Código Penal”, afirmó el precandidato.
Fundamentos de la denuncia
Taylor sustentó su denuncia en los principios establecidos por la Constitución Política de Costa Rica y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, citó el artículo 4 de la Constitución, que prohíbe a cualquier persona o grupo arrogarse la representación del pueblo.
La denuncia detalla que:
El delito de rebelión contempla penas de dos a diez años para quienes promuevan la subversión del orden constitucional.
La propaganda contra el orden constitucional puede sancionarse con penas de seis meses a tres años para quienes inciten a la derogación de principios fundamentales por medios ilegítimos.
Un llamado a la unidad democrática
En su declaración final, Taylor apeló a la reflexión nacional: “Es momento de construir puentes en lugar de cavar brechas; de fortalecer nuestras instituciones y no debilitarlas. Como costarricenses, debemos defender los valores que nos identifican como una nación de paz y democracia”.
El caso ahora está en manos del Ministerio Público, que determinará si existen elementos suficientes para avanzar en el proceso judicial.
