Recorte de ₡2.500 millones al Poder Judicial impedirá creación de juzgado anti corrupción
La decisión de los magistrados de mantener sus altos y crecientes pluses tendrá estas consecuencias
Dylan Gomez
Publicado: agosto 20, 2019
Tras meses de su aprobación en la Asamblea Legislativa, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635), sigue causando polémica y esta vez el Poder Judicial se ve envuelto en problemas tras nuevas disposiciones interpuestas por la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar.
Poder Judicial en rebeldía
Y es que la mayoría de magistrados de la Sala Constitucional tomaron la decisión de excluirse de cumplir con la regla fiscal de la Ley 9635, con el propósito de esquivar los limites a los pluses salariales y mantenerlos en porcentajes que les permite inflar sus salarios mes a mes, algo que ha sido sumamente reprochado entre los costarricenses. Con esto, los 14 mil empleados del Poder Judicial si tendrán privilegios por encima del resto de colaboradores públicos.
Gobierno recorta presupuesto
Ante este accionar de la Corte Plena, Rocío Aguilar procedió a reducir en ¢2.543 millones el presupuesto para el Poder Judicial para el próximo 2020, dinero que habían solicitado los mismos magistrados para poder establecer la creación de un juzgado anti corrupción para dar a basto con este tipo de denuncias.
“Entendimos la explicación del Poder Judicial cuando aseguró que el presupuesto asignado les impedía cubrir la atención del juzgado anti corrupción. Por eso, a pesar de las limitaciones presupuestarias del Gobierno, buscamos entre todas las posibilidades una que permitiera atender este requerimiento”, explicaba la Ministra.
Sin embargo, Aguilar concluyó que al no haber disposición de reducir el gasto en temas salariales según lo permite el Plan Fiscal y más bien seguirán aumentando gracias a los pluses, decidió no otorgarle esa cantidad de millones y traerá consigo la no creación de dicho juzgado. Eso sí, aclaró que está dispuesta a devolverlo si deciden apegarse a la Ley.
