El presidente de la República, Rodrigo Chaves, anunció el veto total al proyecto de ley que pretendía modificar la normativa que regula la realización de eventos deportivos en carreteras y otras vías públicas del país, como competencias de ciclismo o carreras de atletismo.
La decisión del mandatario se aplica al expediente legislativo 24.037, que planteaba cambios a la Ley Nº 9920, vigente desde el 2020, normativa que actualmente establece las reglas para autorizar este tipo de actividades en rutas nacionales, cantonales o mixtas.
Según el Poder Ejecutivo, la iniciativa presenta problemas de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad, razones por las que el Gobierno optó por rechazar completamente el texto aprobado por la Asamblea Legislativa.
Preocupación por más trámites y responsabilidades para el Estado
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo es que la reforma obligaría a los organizadores de eventos deportivos a realizar gestiones adicionales, como solicitar una declaratoria de interés público para cada actividad.
De acuerdo con el documento del veto, esta modificación cambiaría el enfoque actual de la ley, ya que dejaría de reconocer los eventos en sí como actividades de interés público y trasladaría esa declaratoria únicamente a las organizaciones deportivas que los promuevan.
El Gobierno considera que este cambio generaría mayor burocracia para quienes organizan competencias deportivas y podría dificultar la planificación de estos eventos en el país.
Seguridad vial y falta de recursos
Otro de los puntos señalados por Casa Presidencial es el impacto que la reforma podría tener sobre la seguridad vial.
El Ejecutivo advierte que la propuesta obligaría al Estado a garantizar la seguridad de las competencias incluso cuando las autoridades no cuenten con el personal o los recursos necesarios.
En ese sentido, el Gobierno insiste en que debe ser la Dirección General de la Policía de Tránsito la entidad encargada de evaluar previamente si existe capacidad operativa para atender cada evento antes de autorizarlo.
Además, cuestiona que la reforma permitiera sustituir funciones policiales mediante la contratación de seguridad privada, lo cual, según el veto, podría generar riesgos en la gestión del tránsito durante las actividades.
Cambios que proponía la reforma
El proyecto aprobado por el Congreso planteaba varias modificaciones relevantes a la legislación vigente.
Entre ellas, buscaba cambiar el modelo de control de los eventos en carretera, pasando del pago de costos operativos por parte de los organizadores a un esquema de coordinación administrativa entre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la Policía de Tránsito y las municipalidades.
También establecía nuevos requisitos para quienes deseen organizar actividades deportivas en vías públicas, como:
- Contar con el aval de la federación deportiva correspondiente.
- Incluir el evento dentro de un calendario anual remitido a las autoridades.
- Obtener autorización del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER).
Asimismo, se proponía que las instituciones tuvieran un plazo máximo de 30 días hábiles para resolver solicitudes; si no respondían dentro de ese periodo, el permiso se entendería aprobado mediante la figura del silencio positivo.
Argumentos de inconstitucionalidad
El Ejecutivo también cuestionó que la iniciativa mezcla diferentes materias dentro de una misma norma y genera duplicidad de regulaciones ya existentes.
Además, considera problemático trasladar al Estado los gastos derivados de eventos organizados mayoritariamente por entidades privadas, especialmente en un contexto de limitaciones presupuestarias para el MOPT y la Policía de Tránsito.
Otro aspecto señalado es la aplicación del silencio positivo para autorizar el uso de carreteras, ya que el Gobierno sostiene que las vías públicas son bienes de dominio público, por lo que no deberían aprobarse permisos automáticamente si la administración no responde dentro del plazo establecido.
Coordinación institucional
La reforma también pretendía ampliar la coordinación entre distintas instituciones, asignando al MOPT un rol más amplio para articular la participación del Ministerio de Seguridad Pública, la Policía de Tránsito y las policías municipales en el control de estas actividades.
Actualmente, la normativa vigente delega principalmente estas funciones en la Policía de Tránsito y las autoridades municipales correspondientes.
Con el veto presidencial, el proyecto deberá regresar a la Asamblea Legislativa, donde los diputados podrían archivarlo o intentar superar el veto con una votación calificada, procedimiento que requiere una mayoría especial del Congreso.
