Proyecto de ley busca poner fin a la consulta pública de nombres y cédulas del TSE
En un intento por reforzar la privacidad y la seguridad de los costarricenses, los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP) presentaron el pasado lunes 17 de marzo un proyecto de ley que pondría fin al acceso irrestricto a la base de datos del Registro Civil. La iniciativa, ingresada bajo el expediente 24.895, obligaría al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a eliminar el Servicio de Consultas Civiles, utilizado para obtener información sobre ascendientes, descendientes, matrimonios y lugares de votación.
Según informó el medio digital Delfino, el proyecto busca restringir el acceso público a estos datos, tanto en ventanilla como en la página web del TSE, y se fundamenta en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad.
«Extraña sobremanera que, hasta ahora, la Sala Constitucional no haya realizado un análisis de constitucionalidad de las actuaciones del TSE en cuanto al manejo de los datos de los ciudadanos», señala la exposición de motivos del proyecto. Los legisladores advierten que el acceso libre a esta información podría facilitar delitos como estafas, acoso telefónico y robos.
Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde cualquier persona puede consultar datos clave de identidad sin restricciones. Según los diputados del PLP, este nivel de exposición pone en riesgo la seguridad personal y abre la puerta al uso indebido de la información. «Es necesario devolverle al ciudadano la sensación de seguridad para que así viva una vida más plena. Es urgente quitarles armas y herramientas a la delincuencia que hoy actúa a sus anchas», recalca la justificación del proyecto.
De aprobarse la iniciativa, el TSE quedaría impedido de vender la información contenida en sus bases de datos, una práctica que, según un reportaje de AmeliaRueda.com, ha generado ingresos superiores a los 1.000 millones de colones en la última década. Además, se prohibiría la publicación irrestricta de números de cédula y datos familiares en la web del tribunal.
El acceso a estos datos quedaría limitado únicamente a certificaciones solicitadas por el titular o mediante su consentimiento expreso. Ahora, el debate queda en manos del Congreso, donde la propuesta promete generar un intenso debate sobre el equilibrio entre transparencia y privacidad en la era digital.
*Con información de Delfino.